TRAS LA MATANZA, ALAN GARCIA ENFRENTA SU PEOR CRISIS EN PERU
Apoyos para los indígenas
La represión contra los nativos amazónicos ha despertado un amplio movimiento de solidaridad con los indígenas y de repudio al gobierno de García, y ayer miles de peruanos coparon las calles de la capital en solidaridad con los indígenas.
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Luego de la matanza de indígenas que protestaban contra la imposición de una serie de leyes para favorecer el ingreso de las transnacionales a la Amazonia, el gobierno de Alan García se enfrenta a su peor crisis desde el inicio de su gestión, en julio de 2006. La represión contra los nativos amazónicos ha despertado un amplio movimiento de solidaridad con los indígenas y de repudio al gobierno de García, que ayer se expresó en multitudinarias marchas de protesta en ciudades de todo el país. Organizaciones sociales, partidos políticos opositores, sindicatos, gremios agrarios y campesinos, estudiantes, maestros, intelectuales salieron ayer a las calles para marchar en contra del gobierno, en lo que ha sido el movimiento social más grande desde las protestas que precedieron la caída del régimen de Alberto Fujimori, en el año 2000. A las protestas internas se han sumado las condenas internacionales por la matanza de la Amazonia.
Unas treinta mil personas marcharon por las principales calles del centro de Lima, que había sido cercado por la policía. “Alan genocida”, “Alan asesino, igual que el chino (Fujimori)”, eran algunas de las consignas que se podían leer en los cartelones que llevaban los manifestantes. Las protestas se repitieron en las principales ciudades del país, casi sin excepción. En todas las marchas fue unánime la condena a la matanza de los indígenas y la exigencia de la renuncia del gabinete ministerial que preside Yehude Simon, quien en los últimos días se ha dedicado a tiempo completo a justificar la represión policial y a satanizar el movimiento indígena, que busca parar las intenciones del gobierno de privatizar la Amazonia, como parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando los manifestantes que marchaban pacíficamente por las calles de Lima se acercaron al Congreso, la policía los atacó con bombas lacrimógenas. La multitud retrocedió, pero no se dispersó. Poco después volvió a avanzar y la policía lanzó más gases lacrimógenos y arremetió con la policía montada. El enfrentamiento se prolongó por un largo rato.
En la selvática ciudad de Bagua, escenario de la matanza de indígenas y que ha sido militarizada, se ha prohibido la realización de marchas, por lo que los pobladores se reunieron en una misa en honor de los muertos que dejó la acción policial para despejar una vía el viernes pasado. En otras zonas de la Amazonia, los nativos mantenían bloqueadas las carreteras. Las protestas traspasaron las fronteras peruanas. En ciudades como Madrid, París, Bruselas, Quito y otras, manifestantes se congregaron frente a las embajadas peruanas para condenar la matanza de los indígenas.
El gobierno, más aislado que nunca, ha respondido a las protestas endureciendo un discurso confrontativo y polarizante y refugiándose en medidas que ajustan las tuercas del autoritarismo. Los principales voceros del gobierno, encabezados por el presidente García, han reaccionado satanizando a los indígenas y a quienes apoyan sus demandas, a los que ha acusado de “complotar contra la democracia” y de ser “antisistemas enemigos de la modernidad y el desarrollo”, y ha llamado a combatirlos. El gobierno insiste en culpar de la violencia a los indígenas, lo que ha exacerbado más los ánimos.
Mientras la policía reprimía a los miles de manifestantes que expresaban su solidaridad con los indígenas para evitar que lleguen al Congreso, dentro del hemiciclo parlamentario la mayoría oficialista, que incluyó al fujimorismo y a la derechista Unidad Nacional, imponía, sin debate y en pocos minutos, una sanción de 120 días de suspensión a siete congresistas del opositor Partido Nacionalista (PN), que el día anterior habían protestado tomando el recinto parlamentario contra la decisión del oficialismo de suspender en lugar de derogar las llamadas “leyes de la selva”. De esta manera, el gobierno deja fuera del Parlamento a una parte fundamental de la oposición parlamentaria.
“Se ha sancionado principalmente a los congresistas vinculados con los sectores indígenas. Esta suspensión es un gran atropello a la democracia. Estamos ante una dictadura cívico-militar”, señaló Freddy Otárola, vocero de la bancada parlamentaria del PN.
Luego de la matanza de los indígenas ocurrida hace una semana y la respuesta del gobierno, que ha pretendido negar los hechos y apostar por un mayor autoritarismo, en el ambiente político comienza a imponerse la sensación de un peligroso deterioro de la democracia. “El gobierno está más debilitado que nunca y ha perdido legitimidad. Para salvarse, debe cambiar el actual gabinete, que debe estar con los minutos contados, e iniciar un proceso de diálogo con los indígenas y con otros sectores sociales, pero hasta ahora no está haciendo eso, sino todo lo contrario. Si el gobierno no cambia y se abre al diálogo, perderá aún más fuerza y legitimidad y su continuidad estará en serio riesgo. Espero que la fuerza de los hechos lo obligue a dialogar”, le señaló a Página/12 Carlos Reyna, politólogo y catedrático de la Universidad Católica.
Alan García ve un fantasma que recorre Perú
El presidente peruano, Alan García, calificó la protesta indígena del viernes último en Bagua de "genocidio de policías promovido por el comunismo internacional", mientras la Defensoría del Pueblo pidió un diálogo sin excluir a los huelguistas y miles de campesinos agudizan la protesta al tomar el aeropuerto de Andahuaylas.
El presidente García negó que haya habido errores en la operación que ocasionó, según cifras oficiales, al menos 34 muertos la semana pasada en la selva, e insistió en cambio en presentar los hechos como un "genocidio de policías" promovido por "el comunismo internacional".
El mandatario reaccionó así al ser interrogado sobre versiones de prensa que hablan de errores en la operación policial, en especial por haber procedido a la recuperación de una carretera tomada por indígenas sin tener en cuenta que a esa misma hora 38 policías estaban rodeados por cerca de 1500 nativos en un campo petrolero vecino.
"Ha habido un genocidio de policías por parte de elementos extremistas que quieren entregarnos a gobiernos extranjeros", añadió el mandatario. "El comunismo y el extremismo no tienen votos, pero tienen armas", declaró el presidente.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, a quien las autoridades pidieron que asuma una tarea de facilitación de acercamientos, advirtió que el diálogo entre el gobierno y los indígenas amazónicos en el Perú debe desarrollarse "sin vetos", pues de lo contrario hay el riesgo de que "se desprestigie y fracase".
Merino hizo el comentario en un encuentro con corresponsales extranjeros en Lima, al referirse a la negativa del gobierno a reconocer como interlocutora a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que lidera la huelga que cumple hoy 64 días, y cuyo presidente, Alberto Pizango, está asilado en la embajada de Nicaragua en Lima.
Pero, además, destacó la importancia de que se defina bien la representatividad de los interlocutores por parte de los nativos, pues, graficó, en la mesa convocada por el gobierno hay sitio para 10 de ellos, cuando en la selva hay unos 1400 apus (jefes).
En ese marco, Merino recordó que los indígenas están representados especialmente por la Aidesep, que reúne a 1350 comunidades y 70 federaciones, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), con 750 comunidades y 40 federaciones.
En el marco de una huelga de indígenas que ya dura 64 días, Merino explicó que de 12 organizaciones regionales, siete están bajo la influencia de Aidesep y cinco de la Conap.
Por otra parte, la emisora limeña RPP informó que se agudizan las protestas en apoyo a las comunidades nativas en el país, al comentar que miles de campesinos tomaron por asalto el aeropuerto de Hancabamba, en Andahuaylas, aislaron a esa población con bloqueos de rutas, mientras los mercados y comercios no abrieron sus puertas.
Los huelguistas protestan contra la ley de Recursos Hídricos y demandan al gobierno que informe con objetividad sobre lo sucedido en Bagua el último 5 de junio, cuando miles de nativos se enfrentaron a policías y fuerzas especiales de represión con tanquetas.
Según la Defensora del Pueblo, los líderes indígenas, por su parte, dejaron entrever un veto para el primer ministro Yehude Simon, porque el gabinete, dicen "tiene las manos manchadas de sangre".
La Defensoría, por encargo de Simon, prepara con la Conferencia Episcopal Peruana, una propuesta respecto a cómo debe recomponerse el diálogo tras los sangrientos sucesos del viernes pasado.
Además de facilitadora del diálogo, la Defensoría, que goza de un alta credibilidad, según la mencionada agencia de noticias, interviene en el caso con acciones de inconstitucionalidad contra los decretos resistidos por los nativos, porque desconocen una cláusula de la Organización Internacional del Trabajo, que exige consultas previas a las comunidades indígenas en lo que pueda afectarlas.
