El origen del conflicto entre el gobierno de Perú y los indígenas
La protesta que actualmente tiene a los indígenas como protagonistas se inició el pasado 9 de abril, en rechazo a una serie de decretos legislativos dictados por el presidente peruano Alan García.
Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal.
Esos decretos fueron dictados en 2008 por el presidente, en uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
Las comunidades indígenas sostienen que esas normas son "lesivas" a sus intereses y permiten la "privatización" de los bosques y los recursos hídricos. Bajo esos argumentos iniciaron la protesta que incluye cortes de carreteras, cierre de válvulas de gasoductos y bloqueo a la navegación en los ríos.
Desde el Gobierno, en cambio, explican que esa legislación "ordena" el manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los indígenas. También aclaran que la inversión privada es necesaria para el Perú, siempre que se respete lo establecido en las leyes.
En medio de la protesta se abrió una mesa de diálogo entre representantes del gobierno y de las comunidades originarias que hasta el momento no arrojó resultados concretos.
Los ánimos de los manifestantes comenzaron a caldearse el pasado jueves después de que el Congreso -por iniciativa del oficialismo- decidiera posponer el debate sobre la derogación del decreto forestal.
Esa decisión fue considerada como "una burla" por los indígenas quienes decidieron radicalizar las protestas.
La protesta de indígenas peruanos derivó este viernes en graves incidentes en los que murieron al menos 33 personas.
En los hechos violentos que tuvieron lugar en la provincia amazónica de Bagua perdieron la vida 11 policías y tres indígenas según informó el primer ministro, Yehude Simon. Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en tanto, denunciaron la muerte de 22 indígenas de la etnia awajún.
Esas manifestaciones forman parte de una protesta que se desarrolla en diversos departamentos del país y que se inició hace dos meses.
Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando la policía intentó despejar una carretera bloqueada por miembros de las comunidades originarias de la amazonia.
Desde la organización que representa a un sector de los nativos culparon al gobierno de haber ordenado la represión.
Pizango refutó la versión dada por el gobierno y denunció que "a nuestros hermanos los han matado, los han fusilado solamente por defender el derecho de todos los peruanos a vivir dignamente en el territorio".
El dirigente solicitó "una veeduría internacional" y también pidió a la Defensoría del Pueblo del Perú que ayude "a solucionar estos grandes problemas que el gobierno ha agravado".
Tras anunciar que tiene un pedido de captura, Pizango insistió: "La tranquilidad de la protesta se ha roto cuando la policía y los militares entraron a meter bala".
El dirigente indígena reiteró sus críticas a los decretos legislativos que fueron dictados en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.
"El agua y los territorios son de la nación y hoy en día quieren privatizarlos", afirmó Pizango.
En nuestro país la política corre el peligro de convertirse en una mofa permanente, en una suerte de mueca burlona, en una gran mecedora. Porque eso es lo que estamos viviendo en estos días cuando se observa lo que sucede con la protesta amazónica.
Cuando las comunidades indígenas de la amazonía le demandaron al Ejecutivo que derogara varios DL, entre los cuales destaca el 1090, así como la Ley Forestal y de Fauna, se les dijo que no se podía porque eso correspondía al Legislativo que era un poder autónomo. Luego, el Ejecutivo los invitó, cosa que accedieron, a participar en una Mesa de Diálogo.
El jueves pasado una mayoría de congresistas, integrada por el APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, decidieron suspender el debate en el Pleno sobre el DL 1090 argumentando que esperaban los resultados de la Mesa de Diálogo integrada por el Ejecutivo y las comunidades nativas. La burla no puede ser más grotesca: cuando los amazónicos le piden al Ejecutivo que derogue dichas normas legales, este les dice que vayan al Congreso, y cuando van al Congreso, este les dice que vayan al Ejecutivo. Lo que queda claro de este juego es que ni el Ejecutivo ni la mayoría en el Congreso, están dispuestos a encontrar una solución pactada a las demandas de los indígenas amazónicos.
Estos hechos, a los que se suman la declaratoria del Estado de Emergencia en varias provincias de nuestra amazonía y las proclamas en algunos medios pidiendo una represión indiscriminada, demuestran que hay conflictos, como el amazónico, cuya solución requiere de un cambio de la correlación de fuerzas. Por lo tanto, no estamos frente a un conflicto “normal” sino más bien frente a otro que tiene como característica principal cambiar el status quo. Por eso, para el gobierno los indígenas amazónicos son enemigos (y no adversarios) y, por ello, deben ser derrotados políticamente.
Ello es así porque las demandas de los pueblos amazónicos afectan el corazón del modelo económico neoliberal al intentar frenar el proceso de desnacionalización de nuestra economía, pero sobre todo la entrega de nuestros recursos naturales a los grandes grupos capitalistas. Es una demanda que si bien parte de la defensa de intereses locales, se convierte, por su contenido, en un conflicto de naturaleza nacional. Dicho de otra manera, hoy los indígenas amazónicos representan a todos aquellos que están en contra de un modelo económico privatizador que beneficia a pocos, pero también en contra de una democracia que ha sido privatizada por unos cuantos.
Ahora bien, si se acepta lo dicho hasta aquí, es decir, si reconocemos que estamos frente a un conflicto atípico, también debemos aceptar que lo más probable es que su solución, sea cual fuere el resultado, implique una gran convulsión social. Por eso no nos debe extrañar que el presidente Alan García haya dicho recientemente que “no cederá más” y que “implantará el orden” en esa zona del país. En este contexto, lo más factible es que el gobierno haya tomado la decisión, luego de pelotear, como se dice comúnmente, a las comunidades amazónicas, de reprimir la protesta social sin importar el costo que ello pueda significar o representar.
Si eso sucede, habremos llegado a un nuevo punto de inflexión que definirá, entre otros temas, el clima político de las próximas elecciones. El anuncio es claro: no se tolerará a todos aquellos que desafíen el modelo económico neoliberal. Es, en última instancia, el despliegue de una política autoritaria que reforzará la alianza con el fujimorismo y con la derecha más reaccionaria de este país. Será el suicidio político del APRA, del gobierno y de la propia democracia.
Coda
Este artículo lo terminé de redactar el jueves en la noche. El viernes, una llamada telefónica muy temprana, me informaba de la gravedad del conflicto y de un número de muertos que, conforme pasan las horas, va en aumento. También ese mismo día, El Comercio tituló en primera plana: “Humalismo incentiva crisis en la selva”.
En realidad, lo que hoy se vive en la amazonía es el mensaje más claro de que los opositores al gobierno y al modelo neoliberal serán tratados con la misma dureza como sucede hoy con los pueblos amazónicos. La “guerra civil política” se ha iniciado en el país y el lugar ha sido Bagua.
Finalmente, tiene razón el presidente García cuando dice que “detrás del paro hay intereses extranjeros”. Sin embargo, hay que precisarle que esos intereses no son los de gobiernos extranjeros como pretende hacernos creer, sino más bien los de las grandes compañías transnacionales a las que él representa en este país.
http://www.larepublica.pe/disidencias/06/06/2009/en-la-selva-si-hay-estrellas
