Lecciones de un presidente, u origen de un genocidio en Perú
Katu Arkonada trabaja como consultor para asuntos indígenas y es colaborador de CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)
Alan García, presidente de Perú, escribía en 2007 una serie de artículos de opinión, el primero de ellos titulado "El síndrome del perro del hortelano", en el que además de hacer apología de su ideología neoliberal, nada sorprendente en su segundo mandato como presidente de la Republica, situaba a la Amazonia como primer recurso por explotar del Perú, apuntando principalmente a la (de)forestación maderera. Y no se quedaba ahí, también criticaba las tierras entregadas a los pequeños propietarios, indígenas en su mayoría, y proponía entregar la tierra en lotes mayores, criticando a las comunidades campesinas, indígenas y originarias dueñas de las tierras y apuntando a su escasa formación y pobre nivel de vida. Por si fuera poco dedica otra parte de su artículo a hablar de los recursos mineros, defendiendo que la discusión sobre si la minería daña el medio ambiente es una discusión del siglo pasado ya superada por la modernidad.
La conclusión a la que llega es que seguir el modelo de los países con políticas económicas neo liberales y en las que prima el interés económico por encima de las personas es el futuro, el desarrollo...y todo el que se oponga a ese modelo, que defienda los intereses de las personas, de los pueblos, de la Madre Tierra, se está oponiendo al progreso, del que hace una cuestión de Estado, y a ese que va contra la modernidad le llama el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.
No hace falta explicar que sin mencionarlo se está refiriendo en su artículo al movimiento indígena, que comenzaba a articularse en esos momentos para exigir el respeto a sus derechos como pueblos originarios de la Amazonia. Y lo hacían basándose no ya en su cultura y tradiciones ancestrales, sino en tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que Perú ratifico en 1993, otorgándole rango legal de obligado cumplimiento, especialmente en las normas referidas al derecho a la consulta y participación.
Los pueblos amazónicos cumplían 56 días de levantamiento pacifico el pasado 5 de junio, a pesar del Estado de Sitio decretado por el Gobierno el 8 de mayo que provocó la suspensión de las libertades civiles y políticas en la zona, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas entraron en Bagua (ordenes políticas de por medio) emboscando a un grupo de indígenas y ante la respuesta de los mismos pasando a atacar desde helicópteros con armas de guerra, provocando una masacre y un genocidio saldado con 24 policías muertos (muchos baleados con su propia munición de fusiles AKM) y unas cifras de civiles muertos que varían entre 100 y 150, pero con graves acusaciones de observadores y ONGs de quema de cadáveres o hundimientos en el rio para minimizar la cifra de muertos.
Esta masacre anunciada es la respuesta que daban Alan García y su Gobierno a la protesta popular y a la más que probable inconstitucionalidad de los decretos legislativos, inconstitucionalidad ya dictada por la comisión ad hoc del Congreso, así como por la Defensoría del Pueblo, que el día anterior, 4 de junio, presento una demanda en ese sentido ante el Tribunal Constitucional por violación del artículo 6 del convenio 169.
Por si fuera poco, y para preparar el terreno a la represión, a finales de mayo la Ministra de Justicia denuncia a Alberto Pizango, presidente de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y principal líder amazónico, por alentar la rebelión, sedición y conspiración, grave acusación, que tras los años del conflicto armado en Perú, está penada con 30 años de cárcel. Se ha buscado la criminalización de Pizango con el objetivo de impedir la negociación y el dialogo con los pueblos amazónicos.
Pueblos amazónicos que buscan la derogación de TLCs injustos y arbitrarios, que buscan vender sus tierras ancestrales a las transnacionales que ya controlan la política de Perú, así como de los recientes artículos promulgados por el Gobierno Peruano (994, 1064, 1020, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 997) que van en la misma dirección y son un paso más para favorecer la desaparición de los estos pueblos. Pueblos que suman 42 grupos étnicos en la Amazonia, pero que ya han sufrido la desaparición de 11 de ellos en los últimos 50 años, contando otros 18 en peligro de seguir el mismo camino.
Un ejemplo, el lote petrolero 76, de un millón y medio de hectáreas, supondrá la construcción de 18 líneas sísmicas, 166 helipuertos, 166 campamentos y 1944 zonas de descarga en la Amazonía.
La declaración final de la reciente Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas se solidarizaba con las luchas antiimperialistas y por los derechos colectivos de varios pueblos del mundo, entre ellos el vasco. Hoy, jornada nacional de lucha en Perú, como vasco, orgulloso de pertenecer a uno de los primeros pueblos de Europa, como internacionalista y solidario con todos los pueblos oprimidos del mundo, hoy solo puedo sentirme amazónico, hoy soy ciudadano de Bagua, hoy me llamo Alberto Pizango.
Porque la vida no se vende, la vida se defiende.
Katu Arkonada trabaja como consultor para asuntos indígenas y es colaborador de CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)
La conclusión a la que llega es que seguir el modelo de los países con políticas económicas neo liberales y en las que prima el interés económico por encima de las personas es el futuro, el desarrollo...y todo el que se oponga a ese modelo, que defienda los intereses de las personas, de los pueblos, de la Madre Tierra, se está oponiendo al progreso, del que hace una cuestión de Estado, y a ese que va contra la modernidad le llama el perro del hortelano, que ni come ni deja comer.
No hace falta explicar que sin mencionarlo se está refiriendo en su artículo al movimiento indígena, que comenzaba a articularse en esos momentos para exigir el respeto a sus derechos como pueblos originarios de la Amazonia. Y lo hacían basándose no ya en su cultura y tradiciones ancestrales, sino en tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que Perú ratifico en 1993, otorgándole rango legal de obligado cumplimiento, especialmente en las normas referidas al derecho a la consulta y participación.
Los pueblos amazónicos cumplían 56 días de levantamiento pacifico el pasado 5 de junio, a pesar del Estado de Sitio decretado por el Gobierno el 8 de mayo que provocó la suspensión de las libertades civiles y políticas en la zona, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas entraron en Bagua (ordenes políticas de por medio) emboscando a un grupo de indígenas y ante la respuesta de los mismos pasando a atacar desde helicópteros con armas de guerra, provocando una masacre y un genocidio saldado con 24 policías muertos (muchos baleados con su propia munición de fusiles AKM) y unas cifras de civiles muertos que varían entre 100 y 150, pero con graves acusaciones de observadores y ONGs de quema de cadáveres o hundimientos en el rio para minimizar la cifra de muertos.
Esta masacre anunciada es la respuesta que daban Alan García y su Gobierno a la protesta popular y a la más que probable inconstitucionalidad de los decretos legislativos, inconstitucionalidad ya dictada por la comisión ad hoc del Congreso, así como por la Defensoría del Pueblo, que el día anterior, 4 de junio, presento una demanda en ese sentido ante el Tribunal Constitucional por violación del artículo 6 del convenio 169.
Por si fuera poco, y para preparar el terreno a la represión, a finales de mayo la Ministra de Justicia denuncia a Alberto Pizango, presidente de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y principal líder amazónico, por alentar la rebelión, sedición y conspiración, grave acusación, que tras los años del conflicto armado en Perú, está penada con 30 años de cárcel. Se ha buscado la criminalización de Pizango con el objetivo de impedir la negociación y el dialogo con los pueblos amazónicos.
Pueblos amazónicos que buscan la derogación de TLCs injustos y arbitrarios, que buscan vender sus tierras ancestrales a las transnacionales que ya controlan la política de Perú, así como de los recientes artículos promulgados por el Gobierno Peruano (994, 1064, 1020, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 997) que van en la misma dirección y son un paso más para favorecer la desaparición de los estos pueblos. Pueblos que suman 42 grupos étnicos en la Amazonia, pero que ya han sufrido la desaparición de 11 de ellos en los últimos 50 años, contando otros 18 en peligro de seguir el mismo camino.
Un ejemplo, el lote petrolero 76, de un millón y medio de hectáreas, supondrá la construcción de 18 líneas sísmicas, 166 helipuertos, 166 campamentos y 1944 zonas de descarga en la Amazonía.
La declaración final de la reciente Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas se solidarizaba con las luchas antiimperialistas y por los derechos colectivos de varios pueblos del mundo, entre ellos el vasco. Hoy, jornada nacional de lucha en Perú, como vasco, orgulloso de pertenecer a uno de los primeros pueblos de Europa, como internacionalista y solidario con todos los pueblos oprimidos del mundo, hoy solo puedo sentirme amazónico, hoy soy ciudadano de Bagua, hoy me llamo Alberto Pizango.
Porque la vida no se vende, la vida se defiende.
Katu Arkonada trabaja como consultor para asuntos indígenas y es colaborador de CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)
