| Traducido del inglés por Germán Leyens |
Las grandes noticias de la semana pasada fue la defección del senador republicano Arlen Specter a los demócratas; la solicitud de bancarrota de Chrysler Corporation, y, finalmente, el retiro del juez David Souter de la Corte Suprema de EE.UU.
Una noticia mucho más pequeña que compitió con esas sensacionales historias fue que el Departamento de Justicia de EE.UU. retiró las acusaciones de espionaje contra dos ex agentes de AIPAC [Comité de Asuntos Públicos EE.UU.-Israel, el principal lobby sionista de EE.UU., N. del T.] La historia era tan pequeña que apenas mereció un centelleo en el radar mediático, y no provocó absolutamente ningún comentario en las noticias de la televisión y en los programas de entrevistas.
Así se hacen relaciones públicas inteligentes. Se anuncian las malas noticias el día en el que nadie se dará cuenta.
Steven Rosen y Keith Weissman habían sido acusados en 2005 del crimen de espionaje; específicamente de entregar a Israel información secreta que habían recibido de Larry Franklin, quien era entonces analista político en el Departamento de Defensa de EE.UU., y trabajaba para Douglas Feith y Paul Wolfowitz.
Franklin se declaró culpable de entregar información de máximo secreto sobre Irán a Rosen y Weissman, y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de cárcel, una condena que está cumpliendo actualmente.
En el artículo del New York Times que detalla la decisión del Departamento de Justicia de abandonar las acusaciones contra Rosen y Weissman, los fiscales afirmaron que el juez federal presidente, T.S. Ellis III, había subido tanto el nivel necesario para que la fiscalía probara su caso contra los dos que no creían que podrían satisfacerlo. El juez dijo que los fiscales sólo podrían imponerse si podían probar que Rosen y Weissman “sabían que su distribución de la información podría dañar la Seguridad Nacional de EE.UU.” Fue suficiente para que estos retiraran las acusaciones.
Nadie en la central del Departamento de Justicia participó en el anuncio, pero fue hecho por los propios fiscales, presumiblemente el fiscal federal a cargo de la demanda.
He tenido una cierta experiencia en tribunales con fiscales federales. Lo que sé sobre cómo operan es que si no tienen un caso, presentan tantas acusaciones que llegan a obligar al desgraciado acusado a declararse culpable por lo menos de una o dos de ellas.
Ahora quisiera volverme al caso de Sami Al-Arian, quien era profesor universitario en Florida. Sami es palestino, nacido en Kuwait. ¿Y por qué no nació en Palestina como todo buen palestino? Porque es muy probable que sus padres hayan sido expulsados de Palestina cuando los israelíes emprendieron su limpieza étnica de ese país a fin de crear un Estado exclusivamente judío.
Al Arian fue acusado en 2005 en una acusación de 50 cargos, esencialmente una plétora de acusaciones de terrorismo. El juicio duró seis meses, con unos 80 testigos y 400 transcripciones de conversaciones telefónicas y faxes interceptados. Y al final del caso de la acusación, los abogados de Al Arian terminaron su alegato sin ofrecer ninguna evidencia o testigos en su defensa. Después de 13 días de deliberación, el jurado absolvió a Al Arian de 8 de 17 cargos y llegó a un punto muerto por desacuerdo en los otros, en los que 10 contra 2 estuvieron a favor de la absolución. Dos de los co-acusados de Al Arian fueron totalmente absueltos.
Impávidos, los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que consideraban un nuevo juicio de Al Arian por las acusaciones en las que el jurado quedó en un punto muerto, una de las cuales comportaba cadena perpetua.
En lugar de seguir luchando, Al Arian aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para contribuir servicios o para beneficiar a Yihad Islámica Palestina (que es calificada de organización terrorista, pero la que el FBI admitió durante el juicio, nunca había realizado un ataque fuera de Israel. EE.UU. ha calificado de terroristas a una serie de grupos por la liberación de Palestina a pedido de Israel – grupos que nunca han atacado a EE.UU.).
Al Arian ha pasado años en reclusión solitaria a la espera de su juicio. Como parte de su acuerdo de aceptación de culpabilidad la fiscalía aceptó no acusar a Al Arian de ningún otro crimen, y Al Arian aceptó una deportación acelerada.
Sin embargo, casi fue vuelto a acusar cuando se negó a testimoniar contra otra organización palestina. Inició una huelga de hambre, peligrosa para un diabético, pero finalmente los fiscales aceptaron que el acuerdo lo eximía de testimoniar en otros casos.
Uno hubiera pensado que, después de la decisión del jurado, el límite establecido por el jurado en el caso de Al Arian hubiera sido tan elevado que la fiscalía finalmente lo habría dejado tranquilo. Pero aparentemente existe una diferencia entre un patriota palestino y estadounidenses que espían para Israel. Un grupo tiene un poderoso lobby en Washington, y el otro no tiene nada, excepto la presión de ese poderoso lobby para que se persiga con acusaciones criminales o con todo lo que se encuentre a mano a todo activista palestino.
La pregunta es: ¿Se puede encontrar justicia en el Departamento de Justicia?
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James G. Abourezk es un abogado que practica en Dakota del Sur. Es ex senador de EE.UU. y autor de dos libros: “Advise” y “Dissent,” y co-autor de “Through Different Eyes.” Este artículo también aparece en la edición actual de Washington Report For Middle East Affairs. Para contactos con Abourezk escriba a: georgepatton45@gmail.co
http://www.counterpunch.org/abourezk05042009.html
