Los pueblos indígenas, “los más perjudicados”
“Ya no nos reconocemos en los hilos que entretejen desde el poder –señaló la abogada Bárbara Zamora– su universo no es el que hemos imaginado ni pactado”. En el Protocolo Internacional de derechos Civiles y Jurídicos y el artículo 17 de la Constitución mexicana se dice que los mexicanos tienen derecho a asistir a una justicia rápida, completa, imparcial y gratuita, “algo que se incumple a cada rato”, explica. “No son las elecciones, ni el combate al narcotráfico, ni al terrorismo, ni las leyes nuestra unión. Si el sueño no es compartido el despertar será sangriento, necesitamos nueva justicia y tribunales autónomos”, resumió esta abogada.
La creciente militarización del país con el pretexto de “la guerra al narco” a instancias del Gobierno de Felipe Calderón, y la Iniciativa Mérida, crean un constante estado de excepción, como señala el informe de 2009 de Human Right Watch, organismo que critica la vigencia de tribunales castrenses que se juzgan a sí mismos, y que actúan no sólo sobre el presente, sino perpetuando el olvido en torno a matanzas como las del ‘68, Acteal o Aguas Blancas, o a la guerra sucia contrainsurgente en el Estado de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Operativos que se convierten en los Estados del norte en bombas de relojería de sociedades silenciadas.
Una sociedad que es, en boca del periodista de La Jornada Carlos Fazio,“un horror de Estado con hechos concretos: águilas negras, grupos de limpieza social, tratados de libre comercio, alianzas para la prosperidad de América del Norte, sierras madre, empresas colonizadoras y corredores multinodales, como el plan Puebla-Panamá, que son una nueva forma de reapropiación violenta del territorio a través de la política del desalojo y la mercenarización de los conflictos”.
El caso de la mina Pasta de Conchos, propiedad del Grupo México, en la que 63 trabajadores murieron en 2006 al hundirse el techo de la cantera, también permanece impune. Cuenta María Teresa Contreras, una de las viudas, que cuando quisieron rescatar los cuerpos encontraron “que la mina bombeaba agua para que no pudiésemos hacerlo, y dijo que la tragedia había sucedido porque los mineros se drogaban”. Las viudas protestaron, pero conforme el dinero “indemnizaba” voluntades, se quedaron solas. Ni el sindicato, ni la Secretaría de Trabajo, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió justicia.
“Ya no queda nada –señala Contreras– sólo tomar por mano propia lo que es nuestro”. Los propietarios de ejidos en Lomas de Poleo (Chihuahua) hablaron de la expropiación forzosa de terrenos de vivienda y de cultivo, cuando, según la denostada Constitución del ‘27, eran, no un bien no mercantil, sino usufructario.
“Nuestra comunidad es hostigada por la familia caciquil Zaragoza- Fuentes. Han cercado el paso a la escuela y en nuestros terrenos se instalan varios industrias aeroespaciales” explica el ejidatario Alfredo Piñón.
En la región Losicha también se demanda la libertad para los presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como explica una de las activistas losichas, “la guerra sucia que comenzó en los ‘70 tras las protestas de maestros como Cabañas y Vázquez prosigue por medio de levantamientos, amenazas de muerte, desapariciones y presos políticos por parte de “un Gobierno que se dijo ‘del cambio’”.
Las mujeres y niños, y los pueblos indígenas, son los más perjudicados en estos conflictos sin fin.
“Nahualts, purepechas, cocas, tzeltales, miusadis, raramuris… son víctimas de despojos violentos”, señaló Juan Chávez, del Congreso Nacional Indígena, el escritor Juan Villoro añadió que México tiene una deuda pendiente: “reconocerse como sociedad plural y necesitada de justicia para todos”.
Por su parte, la antropóloga Silvia Marcos denunció que los cuerpos de las mujeres “son botín de guerra y depósito del honor de los varones y en las sociedades patriarcales son el terreno ideal para perpetrar crímenes”.
Tras las conferencias, hubo mesas de trabajo.
“La impunidad es eso que te duele en el estómago cuando llega un operativo”, señaló una trabajadora sexual de las Brigadas Callejeras de Tlaxcala. La propuesta de un tribunal autónomo interamericano quedó en el aire.
