El 31 de mayo, 254 personas fueron despedidas en la zona industrial de Vernon, en el sureste de Los Ángeles. ¿Su delito? Según Overhill Farms, la empresa, su número de la Seguridad Social no estaba en orden. Detrás de esta acusación se encuentra la asunción tácita de que los números de las empleadas no son buenos porque no tienen los papeles en regla (ver recuadro).
El control de los centros de trabajo es una pieza clave de la política de inmigración del Gobierno, al igual que en la época de George W. Bush. Los despidos en Overhill Farms son un adelanto de un futuro en que este tipo de políticas de inmigración se extenderán en centros de trabajo a lo ancho de todo el país.
Al margen de que la situación legal de las trabajadoras sea un pretexto o no para despidos motivados por el afán de lucro, el episodio tiene mayores implicaciones relacionadas con la política de inmigración. “Estos trabajadores no sólo no han hecho nada malo, sino que se han pasado años haciendo rica a la empresa”, destaca Nativo López, de la Hermandad Mexicana Latinoamericana, una organización de Los Ángeles que ha apoyado la lucha de las empleadas de Overhill. “Una política de inmigración que diga que estas trabajadoras no tienen derecho a trabajar y a cuidar de sus familias está equivocada y debería ser cambiada”.
De todos modos, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, aprobada en 1986, dice que los empleadores no pueden contratar a personas que “no están autorizadas” a trabajar en EE UU. En efecto, convierte en un delito el solo hecho de que los indocumentados trabajen.
En 2007, el Gobierno de Bush propuso una norma que hubiera obligado a los empleadores a despedir a cualquier trabajador que usara un número de afiliación que no concordara con la base de datos de la Seguridad Social. Ante la posibilidad del despido de millones de trabajadores, incluidos miembros del sindicato, la central AFL-CIO, la American Civil Liberties Union, y el National Immigration Law Center ganaron una sentencia federal que dejaba sin efecto la regulación propuesta. Esa sentencia todavía se mantiene.
Bush también creó una base de datos llamada E-Verify para comprobar la situación legal de cualquier empleado potencial o en activo. La principal fuente de información de E-Verify viene de los números de la Seguridad Social.
El factor Obama Muchos esperaban que el Gobierno de Obama retirara definitivamente la regulación de Bush y suspendiera la aplicación de E-Verify. En su lugar, la secretaria de Interior Janet Napolitano anunció que su departamento trabajaría “para mantener una fuerza de trabajo legal a través de la formación y de herramientas de verificación como EVerify”. Y la web de la Casa Blanca dice que el presidente Obama “retirará los incentivos para la entrada ilegal al país impidiendo que los empleadores contraten a trabajadores indocumentados”.
Cuando Overhill Farms despide a 254 empleadas por no tener en orden sus números de la Seguridad Social, actúa de acuerdo con esta política. Algunos grupos de presión pro inmigrantes radicados en Washington han decidido, no obstante, apoyar este tipo de medidas. Reform Immigration for America, por ejemplo, dice que “cualquier sistema de verificación de los empleados debería condicionar el permiso de empleo de forma precisa y eficaz”.
En 1999 la AFL-CIO pidió la revocación de las sanciones. Pero una reciente declaración de la AFL-CIO y de la federación Change to Win [coalición que agrupa a siete sindicatos federales, entre los que se encuentra la central donde están afiliadas las despedidas de Overhills] apoya un “mecanismo seguro y efectivo para la obtención del permiso de trabajo”.
En Overhill Farms, las 254 empleadas despedidas llevan pagando las cuotas del sindicato desde hace años. Pero el apoyo de los lobbies sindicales de Washington a los permisos de trabajo debilita a las bases, y pone de manifiesto una cuestión espinosa. ¿Cómo pueden defender los sindicatos a gente como las empleadas de Overhill al mismo tiempo que apoyan la idea de que las personas sin permiso no deberían poder trabajar? Si los sindicatos existentes no defienden a estos trabajadores, ¿intentarán estos formar o encontrar sindicatos que sí lo hagan?
La Hermandad Mexicana Latinoamericana dió los primeros pasos el año pasado para montar dicho sindicato y empezar a organizar a los trabajadores sobre una base comunitaria. Se opone a las sanciones a los empleadores y llama a la resistencia de los trabajadores organizados contra estas sanciones. “Cuando doy una vuelta por Vernon”, dice López, “todo lo que veo son fábricas como Overhill, llenas de trabajadores inmigrantes que sufren las mismas condiciones extremas. Si empiezan a despedir a la gente y luchamos por defenderlos, es posible que se organicen”. Desde luego, la indignación por los despidos puede alimentar ese tipo de esfuerzo. “La empresa nos trata como delincuentes”, señala Bohemia Agustiano. “Trabajé allí durante 18 años. ¿He sido una delincuente todo este tiempo?”.
OVERHILL FARMS
Como otras empresas de empaquetado de alimentos de Los Ángeles, Overhill Farms emplea de forma mayoritaria a mujeres migrantes. El despido de 254 trabajadoras en mayo fue denunciado por el sindicato United Food and Commercial Workers como una maniobra de la empresa para deshacerse de la mano de obra sindicalizada. Overhill por su parte alega presiones del Tesoro para despedir a las empleadas que no tenían números correctos de la Seguridad Social. Según la plantilla, Overhill está sustituyendo a las despedidas por empleadas que no cobran horas extras ni vacaciones, y sin seguro médico.
David Bacon es periodista. Ha publicado en España Hijos del comercio libre (El Viejo Topo).
