Sólo en Buenos Aires existen 3.000 talleres textiles clandestinos. La mayoría trabaja para grandes marcas.
En Argentina hay 500.000 inmigrantes esclavos
“En la Argentina hay más de 500 mil personas en situación de servidumbre y sólo en la ciudad de Buenos Aires existen 3.000 talleres clandestinos que diariamente explotan a unas 40.000 personas bajo un inédito régimen de esclavitud, el problema es que con el empeoramiento de la crisis cada vez hay más víctimas de tráfico de personas y los dueños de los talleres quieren que dejemos de denunciar. Y no se trata de talleres pequeños, la mayoría trabaja para grandes marcas”, explicó Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa La Alameda, la ONG dedicada al combate del trabajo esclavo. Ayer, Vera pidió a la Justicia que los custodie y proteja una fuerza que “no sea la Policía Federal”.
Para los integrantes de esta organización, el 10 de julio “la comisaría 40 de Parque Avellaneda consintió el ataque contra nuestra sede ubicada en Lacarra y Directorio”. Ese día, más de 50 talleristas atacaron de noche a Vera y a otros cuatro integrantes de la cooperativa luego de que denunciaran la existencia de otro nuevo taller clandestino en ese barrio, considerado uno de los territorios porteños con mayor proliferación de talleres clandestinos junto a Flores. El juez que deberá definir una custodia alternativa a la Policía Federal instruye la mayor investigación judicial contra decenas de marcas de ropa y centenares de talleres textiles por trabajo esclavo.
La ONG sufre ataques y amenazas en su contra desde hace años, pero la última agresión contra Vera despertó la preocupación de la Defensoría del Pueblo, que en los próximos días ampliará la denuncia por coimas contra la Comisaría 40 y presentará 17 testigos que explicarán ante los estrados federales “cómo sucedió el ataque y de qué manera el subcomisario Fabián López de esa seccional no hizo nada ante la golpiza colectiva”.
El incremento de talleres clandestinos es un proceso que no ha frenado su crecimiento en los últimos años, a pesar de la cantidad de denuncias por trabajo esclavo. Pero desde que La Alameda inauguró a principios de julio el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI) en el barrio de Barracas, la molestia de los talleristas se transformó en una golpiza. Las nuevas instalaciones están destinadas a cooperativas de costureros rescatados de talleres clandestinos. El emprendimiento fue subestimado durante años por la industria textil, pero su concreción bajo administración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) permitirá conocer cuáles son los costos verdaderos de la cadena de valor de la industria textil, sindicada como la actividad que más personas explota en condiciones miserables. Con los datos que surjan de la producción del CDI, las administraciones nacionales y de la Ciudad contarán con poderosos datos para controlar mejor a los talleristas.
Para Vera, la mayor cantidad de denuncias incrementó las clausuras, algo que “le está quitando muchos ingresos ilegales que la Policía Federal recauda a cambio de evitar clausuras y de no aplicar la ley contra el trabajo esclavo y la ley de migraciones”.
Amparado en los últimos datos de la Organización Internacional de Migraciones, que habla de 500 mil personas en situación de servidumbre, Vera explicó que “la mayoría de las personas explotadas provienen de Bolivia y las traen luego de publicar avisos que proponen trabajo y casa con buen sueldo, les pagan el pasaje y cuando llegan a la ciudad, lo hacen con toda la familia y sin un peso encima”. Para este maestro, que tiene toda la cabeza suturada por los golpes del 10 de julio, “esa técnica es conocida como situación de servidumbre por deuda”.
Esta técnica funciona así: los encargados de traficar mano de obra barata para los talleres en Buenos Aires captan a las personas en Bolivia, los endeudan para viajar y luego les imponen las condiciones de trabajo, “es decir que cuando llegan a esta ciudad junto a su familia, quedan a merced de lo que les diga el patrón, algo que comienza con un pago miserable por prenda, sigue con jornadas que superan las 15 horas diarias de trabajo y termina con toda la familia esclavizada, incluso los menores”, apuntó Vera.
Los abogados de La Alameda ya pidieron investigar a las comisarías 4, 16 y 42 por brindar protección a una red de prostitución y en 2006 denunciaron a la 40 por cobrar coimas para proteger a los talleres de la zona de Parque Avellaneda. Ahora la denunciarán de nuevo en vísperas de una movilización de talleristas contra la Defensoría del Pueblo que podría suceder hoy o el viernes. Por lo pronto, el comisario de la 40, Mario Rey, decidió tomarse una licencia por diez días.
Para los integrantes de esta organización, el 10 de julio “la comisaría 40 de Parque Avellaneda consintió el ataque contra nuestra sede ubicada en Lacarra y Directorio”. Ese día, más de 50 talleristas atacaron de noche a Vera y a otros cuatro integrantes de la cooperativa luego de que denunciaran la existencia de otro nuevo taller clandestino en ese barrio, considerado uno de los territorios porteños con mayor proliferación de talleres clandestinos junto a Flores. El juez que deberá definir una custodia alternativa a la Policía Federal instruye la mayor investigación judicial contra decenas de marcas de ropa y centenares de talleres textiles por trabajo esclavo.
La ONG sufre ataques y amenazas en su contra desde hace años, pero la última agresión contra Vera despertó la preocupación de la Defensoría del Pueblo, que en los próximos días ampliará la denuncia por coimas contra la Comisaría 40 y presentará 17 testigos que explicarán ante los estrados federales “cómo sucedió el ataque y de qué manera el subcomisario Fabián López de esa seccional no hizo nada ante la golpiza colectiva”.
El incremento de talleres clandestinos es un proceso que no ha frenado su crecimiento en los últimos años, a pesar de la cantidad de denuncias por trabajo esclavo. Pero desde que La Alameda inauguró a principios de julio el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI) en el barrio de Barracas, la molestia de los talleristas se transformó en una golpiza. Las nuevas instalaciones están destinadas a cooperativas de costureros rescatados de talleres clandestinos. El emprendimiento fue subestimado durante años por la industria textil, pero su concreción bajo administración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) permitirá conocer cuáles son los costos verdaderos de la cadena de valor de la industria textil, sindicada como la actividad que más personas explota en condiciones miserables. Con los datos que surjan de la producción del CDI, las administraciones nacionales y de la Ciudad contarán con poderosos datos para controlar mejor a los talleristas.
Para Vera, la mayor cantidad de denuncias incrementó las clausuras, algo que “le está quitando muchos ingresos ilegales que la Policía Federal recauda a cambio de evitar clausuras y de no aplicar la ley contra el trabajo esclavo y la ley de migraciones”.
Amparado en los últimos datos de la Organización Internacional de Migraciones, que habla de 500 mil personas en situación de servidumbre, Vera explicó que “la mayoría de las personas explotadas provienen de Bolivia y las traen luego de publicar avisos que proponen trabajo y casa con buen sueldo, les pagan el pasaje y cuando llegan a la ciudad, lo hacen con toda la familia y sin un peso encima”. Para este maestro, que tiene toda la cabeza suturada por los golpes del 10 de julio, “esa técnica es conocida como situación de servidumbre por deuda”.
Esta técnica funciona así: los encargados de traficar mano de obra barata para los talleres en Buenos Aires captan a las personas en Bolivia, los endeudan para viajar y luego les imponen las condiciones de trabajo, “es decir que cuando llegan a esta ciudad junto a su familia, quedan a merced de lo que les diga el patrón, algo que comienza con un pago miserable por prenda, sigue con jornadas que superan las 15 horas diarias de trabajo y termina con toda la familia esclavizada, incluso los menores”, apuntó Vera.
Los abogados de La Alameda ya pidieron investigar a las comisarías 4, 16 y 42 por brindar protección a una red de prostitución y en 2006 denunciaron a la 40 por cobrar coimas para proteger a los talleres de la zona de Parque Avellaneda. Ahora la denunciarán de nuevo en vísperas de una movilización de talleristas contra la Defensoría del Pueblo que podría suceder hoy o el viernes. Por lo pronto, el comisario de la 40, Mario Rey, decidió tomarse una licencia por diez días.
