Atrapados en un círculo interminable de violencia y sometidos a una constante desterritorización, varios pueblos indígenas colombianos ven hoy amenazadas sus propias existencias producto de la recolonización territorial y la violación de los más elementales derechos humanos.
Víctimas de un conflicto armado interno, asesinatos de sus líderes, persecuciones y políticas neoliberales aplicadas por sucesivos gobiernos, varias comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y lugares de origen.
En ese contexto, más de 13 mil indígenas fueron forzados el pasado año a huir de sus territorios, lo que equivale a un 3,5 por ciento del total de la población desplazada en el país. Ello, según expertos y organizaciones de derechos humanos, acrecienta el exterminio y la fragmentación, lo cual provoca una emergencia humanitaria en 34 pueblos indígenas inmersos en las regiones más azotadas por la violencia.
A su vez, el desplazamiento se agravó en territorios donde se implementó una política de fumigaciones aéreas y erradicación manual de cultivos de uso ilícito.
Acorde con los datos disponibles, miles de indígenas huyeron en forma masiva, aduciendo falta de garantías para sus vidas como consecuencia de operaciones militares, con la consiguiente afectación a la soberanía alimentaria.
Muchas de estas tierras abandonadas han pasado a otras manos, lo cual para muchos constituye una expropiación, método recurrente en varias regiones del país. De ahí que también el desplazamiento esté asociado a intereses de grupos económicos nacionales e internacionales, promotores de macroproyectos, explotación de recursos naturales e imposición de monocultivos para la producción de agrocombustibles.
Al prevalecer las condiciones de violencia en gran parte del territorio nacional, esto se convierte en una oportunidad para imponer modelos económicos en zonas donde la presencia de indígenas resulta incómoda.
En un informe presentado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el panorama crítico que viven los pueblos originarios se expresa en la descripción efectuada sobre la situación que hoy viven 28 de ellos, los cuales están al borde de la extinción.
Estos 28 pueblos, que representan el 30,4 por ciento del total existente en Colombia, actualmente tienen poblaciones que no superan las 500 personas, la mayoría de ellos se ubican en la región amazónica y cuatro poseen asentamientos por debajo de los 60 integrantes, refiere el estudio.
La ONIC también sostiene que esta dinámica demográfica -un proceso de larga duración- se tiende a agravar en la medida que se integran sus territorios por la colonización, la presencia de grandes empresas, la guerra y las políticas estatales contrarias a toda acción de protección.
La historia reciente de la población Nukak permite conocer cómo un pueblo de manera acelerada experimenta la reducción de sus miembros y la degradación de la cultura. Veinte años después de su contacto con la sociedad colombiana y de articulación al mercado nacional y la institucionalidad estatal, los Nukak han perdido la mitad de su población, denuncia la ONIC.
Según los datos censales, en el 2007 esta etnia presentaba una población cercana a las 500 personas, en tanto el pasado año se reportaba que el 40 por ciento de esa comunidad vivía en condición de desplazamiento, con implicaciones severas para su supervivencia y que aceleran su degradación cultural.
Los Nukak, considerados uno de los seis grupos que constituyen los pueblos Makú, habitan entre los ríos Guaviare e Inírida, al borde de la cuenca amazónica, y son cazadores-recolectores nómadas. El primer contacto con foráneos se reportó en 1988.
Viven en pequeños grupos familiares y están en constante movimiento, por lo cual poseen escasas pertenencias. En unos pocos segundos son capaces de enrollar sus hamacas hechas de hilo de fibra, guardar las ollas y otros pocos artículos en las mochilas hechas a mano, y emprender la marcha.
Esta comunidad -que ha sufrido la devastación de su población por la malaria y la gripe desde su primer contacto con foráneos, ahora se enfrenta a la ocupación de su espacio vital por los actores del conflicto interno, el narcotráfico y las trasnacionales.
Este es solo un ejemplo ilustrativo del etnocidio que sufren varios pueblos indígenas de la amazonía colombiana y otras regiones de la geografía nacional, donde se da la paradoja de que el Estado –al menos en lo teórico- propicia el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones, como lo recoge la Constitución de 1991.
Y, al mismo tiempo, agudiza una política de desarrollo excluyente y en determinados contextos de exterminio.
Nada ha cambiado desde que Duoduo Diagne, relator especial de Naciones Unidas, advirtiera por primera vez a la comunidad internacional en 2003 la dimensión étnica y racial del conflicto armado en Colombia, salvo que las denuncias y el drama vivido por estos pueblos tienden a ser cada vez más alarmantes.
Lo cierto es que la situación de los indígenas de Colombia es crítica y extremadamente preocupante. Más allá de los datos estadísticos y las cifras disponibles, y de los insuficientes esfuerzos sistemáticos de monitoreo de la crisis humanitaria de estos pueblos, resulta prácticamente imposible captar la real dimensión del desarraigo, la desterritorización y el etnocidio de tales comunidades en el país.
