¿Será que en la Bogotá oficial se aspira a que en pleno corazón del hemisferio, entre gobiernos y fuerzas progresistas en desarrollo, cuente Washington, como es su cierto propósito, con una punta de lanza émula de Tel Aviv en el contexto mesoriental?
Todo indica que ese y no otro es el propósito de los gobernan-tes colombianos, aún cuando ello implique fricciones serias con todos sus vecinos, y mayor oposición interna por su entreguismo y su falta de responsabilidad con relación a la autodeterminación nacional.
Y es que no podía ser más perturbador el reciente anuncio del ministro colombiano de defensa, el general Freddy Padilla, acerca de la concreción de un acuerdo para que tropas estadounidenses se establezcan en al menos cinco bases radicadas en territorio de su país, como evidente contrapartida al desmantelamiento de la instalación bélica de Manta, en Ecuador.
A estas alturas las tensiones son extremas con Venezuela, cuyo gobierno considera un acto deleznable y agresivo semejante paso de Bogotá, al punto que, en respuesta, Caracas retiró su embaja-dor en Bogotá y congeló las relaciones comerciales bilaterales, valoradas en unos siete mil millones de dólares de intercambio anual.
En contrapartida, el gobierno de Uribe echó mano a reiteradas acusaciones contra el gobierno de Hugo Chávez por una pretendi-da ayuda bélica a las guerrillas de la FARC, lo que elevó aún más el tono del diferendo.
Pero el asunto no ha quedado ahí. El mandatario brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva, su par chilena, Michelle Bachellet, y hasta el canciller español, Miguel Angel Moratinos, a la sazón en gira por Sudamérica, coincidieron en “la inconveniencia de una mayor pre-sencia militar de los Estados Unidos en Colombia”, un elemento a todas luces altamente peligroso para los pueblos y gobiernos de la zona.
La Bachellet, presidenta pro témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, alentó la idea de debatir el tema en el Con-sejo de Defensa de la entidad multinacional, pero al parecer Bogotá no facilitará las cosas.
Uribe descartó su presencia en la reunión de UNASUR este diez de agosto en Ecuador, país al que también señala como “colabora-dor” con los insurgentes colombianos, y prefirió una gira por varias naciones del área, sin mayor resonancia pública, según sus afirma-ciones, para intentar justificar las ínfulas de gendarme imperial me-nor a las que parece ser gran aficionado.
Presencia indeseable
La historia regional es amplia en ejemplos de lo nocivo que se torna el despliegue militar del Norte en nuestras latitudes.
Las bases castrenses Made in USA no han servicio para otra cosa que para imponer los intereses geopolíticos gringos en la zona me-diante el apoyo a gobiernos afines, agresiones abiertas a movimientos populares y administraciones progresistas, puestos de entrenamiento de represores y mercenarios, y punto de partida de provocaciones, altercados e invasiones contra nuestros países.
Basten como cercanos botones de muestra, la presencia por decenios en el Canal de Panamá de la sórdida Escuela de las Amé-ricas; la invasión bélica a la nación istmeña en 1989 desde ese terri-torio entonces usurpado, y la implicación del personal de la base de Palmerola o Soto Cano, en el golpe de estado contra el gobierno legítimo de Honduras el pasado 28 de junio.
La página digital ALAI AMLATINA, con fecha 23 de julio del pre-sente año, abunda sobre la aplicación del acuerdo entre Bogotá y Washington para asentar nuevas fuerzas norteamericanas en Colombia.
La publicación indica que la principal instalación a utilizar por los nuevos efectivos extranjeros será la de Palanquero, a apenas a 100 kilómetros de la capital colombiana, y a orillas del río Magdalena. Creado en 1988, ese enclave ha sido punto de partida de agresiones aéreas contra poblados circundantes en medio de “operaciones contrainsurgentes”. “Palanquero cuenta con una pista aérea de tres mil 500 metros de longitud, dos hangares y aloja la división más importante de la fuerza aérea colombiana.
“Las tropas norteamericanas también operarán desde la base de Apiay, en los llanos orientales de Colombia, así como en Barranquilla, y en la base Alberto Puowels, en la costa caribeña”, entre otros puestos castrenses, asegura la ya citada fuente.
El acuerdo bilateral, inicialmente válido por una década, contempla además el incremento de visitas de naves de guerra de Estados Unidos a los puertos de Málaga, en el Pacífico, y Cartagena, en el Caribe, a la vez que elevaría el número de efectivos gringos en territorio nacional hasta mil 400 soldados y contratistas militares.
Según ALAI AMLATINA, la embajada norteamericana en Bogotá no suministra informaciones sobre el asunto, y el jefe de esa dependencia, William Brownfield, se limitó a señalar que no habrá inversiones de su país en la construcción de nuevas bases. Al contrario, precisó, las tropas extranjeras sólo harán uso y modernizarán las instalaciones ya existentes en Colombia.
“Brownfield, recuerda la fuente, era embajador en Venezuela en 2002 cuando la conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez.”
Ya en julio de 2007, representantes de organizaciones populares colombianas dieron a conocer que para aquella fecha las fuerzas militares estadounidenses contaban con tres instalaciones en el país.
Se trataba de Tres Esquinas, en el departamento de Caquetá; la de Florencia, igualmente en Caquetá; y la tercera ubicada en la Hacienda Larandia, en el departamento de Meta, en la ciudad de Villavicencio. En esta última radicaban las unidades de aviación que combatían a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la denominada “inteligencia técnica” del Pentágono en Colombia.
Tres Esquinas era hasta entonces la base militar norteamericana más grande en territorio colombiano, erigida entre los límites con Ecuador y Perú, cerca de la amazonía y del Río Putumayo, una cuenca hídrica de alta importancia.
Mientras, la de la Hacienda Larandia posee unas 40 mil hectáreas, es de las más tecnificadas por los efectivos foráneos, y radica sobre la llanura colombo-venezolana, lo cual le permite controlar todo el sistema montañoso de la cordillera oriental y los llanos adyacentes.
En la actualidad, precisan analistas, Washington mantiene ofi-cialmente alrededor de 600 efectivos y personal militar en Colom-bia. Además, los asesores norteamericanos están incorporados a las divisiones del ejército nacional, tienen sus propias dependencias, y han entrenado a miles de oficiales desde el año dos mil a la fecha.
En consecuencia, será difícil para los interlocutores del resto de América Latina escuchar el mensaje de un Alvaro Uribe que justifique tamaña desmadre bélico imperial a cuenta del apoyo de su gobierno, un “Israel” de alma, en medio de la tez bronceada de nuestras tierras.
