El Plan Mérida “necesita” narcotraficantes
en México y Centroamérica
Marcelo Colussi
“La valiente posición de México contra los carteles de drogas, como también los esfuerzos de Colombia por combatir las drogas [tienen] el efecto secundario de empujar a los traficantes hacia América Central. Nos basaremos en la Iniciativa de Mérida, lanzada el año pasado por el presidente Bush, para ayudar a México y a los países centroamericanos. El narcotráfico es un problema de todos, y debemos encontrar una solución juntos”, declaró recientemente el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
¿Será cierto que a la actual administración de Washington le preocupa el narcotráfico? Si hubiera un interés real por terminar con un problema de salud pública tan amplio como el consumo de drogas ilegales en su país (los cálculos más conservadores ubican en 15 millones la cifra de adictos en el territorio estadounidense), muy otras deberían ser las iniciativas. Quemar sembradíos de coca o de marihuana en las montañas de Latinoamérica o llenar de armamento sofisticado a las fuerzas armadas de los países al sur del Río Bravo no baja el consumo de estupefacientes entre los jóvenes de New York o Los Ángeles. ¿Por qué se sigue militarizando un problema que no es militar? O bien el asunto está mal encarado en términos técnicos, o bien –nos quedamos con esta segunda hipótesis– hay otros intereses tras esta “guerra a muerte” contra el narcotráfico.
Plan Colombia, Plan Mérida… ¿Por qué no, alguna vez, un Plan California, por ejemplo, o un plan Francia, o Plan Holanda, donde tropas de países del sur –digamos de Afganistán y de Myanmar, principales productores de amapola, o de Colombia, principal productor de hoja de coca– se instalasen en estos puntos del Norte próspero para combatir el consumo de estupefacientes de sus ciudadanos? ¿Y un plan “Paraísos Fiscales” para entrar, por ejemplo, en las Bahamas o las Islas Caimán, en el Caribe, o en el Principado de Sealand, que funciona en una antigua plataforma petrolera del Mar del Norte, o en el Dominio de Melchizedek, situado sobre un desértico atolón vecino a las Islas Marshal –que por medio de la página electrónica www.Melchizedek.com ofrece ciudadanía, pasaporte y facilidades para toda clase de negocios– y confiscar las super multimillonarias cuentas de la banca off shore allí instalada donde se lavan narcodólares?
Más allá de la humorada, es inconcebible una maniobra del género. Pero no son inconcebibles maniobras en sentido inverso: tropas armadas hasta los dientes directamente enviadas por Washington, o equipadas y entrenadas por la gran potencia, desembarcando en cualquier país del Sur y persiguiendo a bandas de narcotraficantes locales (al menos, declarando hacerlo). De hecho, eso es lo que sucede a diario con esta nueva guerra total que la gran potencia viene desarrollando junto a su cruzada contra el nunca bien definido “terrorismo internacional”. La lucha contra el narcotráfico permite a la geoestrategia de Estados Unidos estar donde quiere, cuando quiere y haciendo lo que quiere. Y, en realidad, ¿qué hace cuando desembarca en cualquiera de estos “pobres países del Sur” productores de drogas ilícitas? Cuida sus intereses hegemónicos a sangre y fuego, intereses que no son, precisamente, la salud de sus ciudadanos sino los de sus gigantescas multinacionales. Si de la salud pública de su ciudadanía se tratase, no invadiría Colombia ni abriría bases militares en el Asia Central, y en vez de soldados habría médicos y psicólogos en acción.
Complementando el tristemente célebre Plan Colombia –que en casi diez años de existencia y con alrededor de 5.000 millones de dólares invertidos no ha reducido en un gramo la producción de hoja de coca en el territorio colombiano que, por el contrario, subió más aún– ahora surge el Plan Mérida. El Plan Mérida, también conocido como Iniciativa Mérida o Plan México, técnicamente consiste es un proyecto de seguridad establecido entre los gobiernos de Estados Unidos, México y los países de Centroamérica y el Caribe para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el presidente George Bush el 30 de junio del 2008, en tanto la actual administración de Barack Obama lo ha hecho suyo igualmente. El paquete de asistencia prevé un monto de 1.600 millones de dólares para un plazo de tres años. Durante el primer año estará proporcionando a México 400 millones de dólares en equipo y entrenamiento y un monto de 65 millones de dólares para las naciones de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; el plan también incluye a Haití y a la República Dominicana en la porción del paquete para Centroamérica. Oficialmente, los objetivos perseguidos con toda la iniciativa son: la mejora en los programas de las agencias de seguridad de todos los países implicados en la vigilancia de su territorio, el equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad homólogas, la provisión de tecnología computarizada para fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre Estados Unidos, México y los países del istmo centroamericano, y la provisión de tecnologías para aumentar la capacidad de recolección de inteligencia para propósitos de orden público.¿Son efectivamente las prioridades de México, de Centroamérica y de las islas del Caribe la lucha contra el narcotráfico? ¿Mejorarán las condiciones de vida de sus poblaciones por medio de esta nueva iniciativa de remilitarización? La analista política Ana Esther Ceceña comenta que “el Plan Mérida si es la complementación del Plan Puebla Panamá, pero en realidad el P.P.P. en sí mismo ya se transformó en Proyecto Meso América incorporando a Colombia, y muy explícitamente la dimensión de seguridad. Ya el propio Plan Puebla Panamá asumió las dos cosas, la integración energética, que era la parte económica más importante que tenía, y la integración de seguridad. Y en ese sentido, ya no es que requiera del Plan Mérida, sino que es un eslabón más que permite que el Plan Mérida que está en México [y Centroamérica] se concrete de manera muy natural, sin necesidad de mucha bisagra con el Plan Colombia. Porque el Plan Mérida corresponde directamente al Plan Colombia, es el mismo proyecto adaptado a las circunstancias tanto geográficas como temporales. Porque ya se asume toda la experiencia tenida con el Plan Colombia y la estructura es similar: ayuda para seguridad y una muy pequeña para desarrollo, que es como avanzan varios de los proyectos del Plan Colombia. Y entonces tienes una superposición del Plan Mérida en la parte norte, proyecto Meso América enlazando esa parte norte con Colombia, Plan Colombia en Colombia y Perú”.
Si se toman en cuenta los logros de casi una década de existencia del Plan Colombia (en realidad ahora rebautizado Plan Patriota), la experiencia debería ser negativamente aleccionadora: la supuesta “guerra” al narcotráfico no se ganó. Por el contrario: la producción y distribución de cocaína, y en menor medida marihuana, que llega a suelo estadounidense no disminuyó sino que siguió aumentando. ¿Por qué entonces repetir el modelo ahora en una nueva región del patio trasero de la gran potencia?
Sin dudas México y los países centroamericanos constituyen hoy la ruta principal por la que transita la cocaína colombiana con rumbo a Estados Unidos, calculándose que los narcotraficantes aztecas mueven unos 25.000 millones de dólares al año, con poderosos cárteles (el de Sinaloa, el de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo) que, según funcionarios mexicanos, importan al año unas 2.000 armas de fuego de última tecnología habiéndose constituido ya en un pequeño poder militar con 100.000 personas implicadas, mientras que en los países centroamericanos los grupos dedicados al trasiego de drogas ilícitas también son un pequeño Estado dentro del Estado aportando, según estimaciones confiables, alrededor de un tercio de las economías locales (la proliferación de centros comerciales de lujo, condominios de alta categoría y torres que no tienen nada que envidiar a las de Miami o Atlanta no deja de sorprender en uno de los lugares más pobres del continente). Por supuesto que estas redes se mueven fuera de la ley y son un foco real de criminalidad, violencia, muerte y dolor para las poblaciones en que están establecidas (aunque también son una fuente de ingresos, lo cual hace que, para esas mismas poblaciones históricamente pobres y excluidas, no se vean tanto como “delincuentes” sino como benefactores). Pero no son más delincuentes que los paraísos fiscales donde se terminan lavando esos narcodólares, los cuales –insistimos con la idea, porque de humorada no tiene nada– jamás serán objeto de un Plan Mérida.
Valga agregar que este plan pretende ir más lejos que el Plan Colombia, en tanto plantea la implantación del Acta Patriota estadounidense, donde se conculcan las libertades civiles de la población pasando por encima de las garantías constitucionales (virtual golpe de Estado técnico disfrazado). Para lograr esto, Washington está utilizando toda clase de pretextos, creíbles y no tan creíbles, o descabellados incluso, como por ejemplo sacar a luz pública alarmistas informaciones según las cuales el grupo Hezbolá, del Líbano estaría operando en su frontera con México, o encontrando nexos de las temibles “maras” (pandillas) centroamericanas con el terrorismo islámico del grupo Al Qaeda. “Miente, miente, miente, que algo queda”. El tamaño de la mentira en juego es directamente proporcional a los intereses en que se sustenta. Cualquier día podrán entrar en escena grupos alienígenas como parte del montaje mediático, y ello no debería sorprendernos. ¿Un “Plan Júpiter” entonces?
Definitivamente entonces, no es un altruista interés por la salud integral de la población estadounidense lo que motiva estos planes. El petróleo mexicano, por ejemplo, cuyas reservas durarán no menos de 100 años con los descubrimientos en el Golfo de México, el agua dulce y la biodiversidad de las selvas tropicales de la región (la del Petén, por ejemplo, la segunda más grande de Latinoamérica), son motivos más fuertes que la salud de los narcodependientes en suelo propio.
Que las bandas de narcotraficantes existen, no hay dudas. Hay ya toda una cultura narco, avalada incluso por los tomados como simpáticos narcocorridos que narran las “valientes historias” de estos nuevos héroes populares. Un poco delincuentes, un poco espejo donde mirarse para los sectores más desposeídos, las mafias del narcotráfico se presentan como “los malos de la película” en esta historia que se va tejiendo. El dinero fácil del narcotráfico alimenta estas fortunas de capos latinoamericanos –muy peliculescos por cierto–, pero también alimenta los paraísos fiscales, y en definitiva, los circuitos financieros internacionales, aquellos donde todo es limpio y se habla en inglés. El crimen organizado y el narcotráfico, nuevo demonio que recorre las tierras latinoamericanas (ya pasaron de moda el comunismo o la teología de la liberación) puede servir para mucho. Para generar planes como los Colombia, o Mérida, por ejemplo.
No hay dudas que en estos momentos asistimos a una catarata mediática impresionante respecto a estos temas. La sensación que se transmite a diario por los medios de comunicación de México y Centroamérica –alimentada realmente por hechos concretos– es que las mafias del narcotráfico “tienen de rodillas a la población”. Todo ello, igual que sucedió años atrás en Colombia, justifica perfectamente la implementación de planes antidrogas salvadores. En ese sentido puede entenderse que la actual explosión de narcoactividad y crimen organizado es totalmente funcional a una estrategia de control regional, donde el mensaje mediático (la Guerra de Cuarta Generación, según llaman los estrategas del Pentágono) prepara las condiciones para posteriores intervenciones.
Diversos analistas políticos y activistas del campo popular advierten que estos planes antinarcóticos se ubican en el contexto de criminalización de las luchas sociales de la región. En ese sentido es denuncia que la Iniciativa Mérida reforzará las guerras de baja intensidad y los distintos planes de contrainsurgencia en la zona, al tiempo que es de esperarse un incremento en los abusos de las fuerzas policiacas y militares. Luchar contra este demonio, así como sucede en la lucha contra el “temible fundamentalismo musulmán”, puede justificar todo.
La “nueva sociedad de las Américas” preconizada por el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no tiene mucho de novedosa: continúa con la dominación económica de siempre, tratados de libre comercio mediante, amparada en más y más sofisticadas operaciones militares, como la reactivación de la IV Flota o convenios de patrullaje conjunto con las fuerzas armadas de los distintos países de la región, siempre con los planes geoestratégicos de control continental –el Plan Colombia y ahora el Plan Mérida– como telón de fondo. El narcotráfico, en tal sentido, es la coartada perfecta.
Además del aseguramiento de los recursos geostratégicos básicos para la lógica imperial (energía, agua dulce, biodiversidad), estos planes centrados en la lucha contra el narcotráfico permiten tener controlada militarmente las sociedades latinoamericanas. Esto hace recordar palabras de Henry Kissinger cuando opinó sobre los talibanes afganos financiados por su gobierno: “¿qué importa en definitiva un pequeño grupo de fundamentalistas como Al Qaeda si ello sirve para una derrota estratégica de la Unión Soviética?” Del mismo modo, en el contexto latinoamericano, podría decirse: “¿qué importan unas cuantas bandas de narcotraficantes en México y Centroamérica si ello sirve para asegurarnos en el control en una zona que quiere levantar la cabeza
