domingo, 23 de agosto de 2009

Las estrategias del imperio en América Latina

Las estrategias del imperio en América Latina



A pesar de las fuertes e importantes acciones adoptadas y los duros discursos emitidos por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los países de la región en bloque o individualmente frente al Golpe de Estado en Honduras, la estrategia de Estados Unidos en América Latina está demostrando una alta efectividad, después de varios años en que parecía haber perdido capacidad de maniobra en decisiones políticas en el continente.

No solamente porque el propio Presidente hondureño, Manuel Zelaya, ha puesto en manos del gobierno de Barack Obama las determinaciones decisivas para la superación de la crisis, sino porque las acciones adoptadas regionalmente no han podido, hasta ahora, doblegar a la oligarquía hondureña y a los sectores "duros" de las Fuerzas Armadas. Se trata de una clara señal de que las luchas de liberación nacional de los pueblos no son, ni serán llanas y fáciles debido a que las estructuras de poder económico y político, nacional e internacionalmente, se están recomponiendo.

Llama poderosamente la atención la tibia posición adoptada por el gobierno del Brasil, que tiene como presidente a Lula Da Silva un ex - obrero del sector metalúrgico, que no ha asumido una definición clara siendo que representa a la potencia más importante de Sudamérica y con capacidad de determinar los procesos políticos y económicos regionales.

De esta manera parece demostrar que desarrolla una estrategia propia y diferente en relación a la Alternativa Bolivariana de las América (ALBA), que tiene en el presidente Hugo Chavez de Venezuela a su principal conductor, y busca generar sus propias fuentes de influencia y equilibrio con Estados Unidos. No parece tan casual, por lo tanto, que el presidente de Estados Unidos lo haya calificado "como su hombre" en la Cumbre de las Américas, realizada de Trinidad y Tobago.

En ese contexto, nuevamente es la potencia norteamericana la que se presenta con toda su energía y peso en el continente. La base militar que tiene en Honduras, convertida en su plataforma estratégica durante los años de la guerra civil centroamericana en los setenta y ochenta, no puede ser debilitada y, más aún, la ampliación de bases militares en Colombia, anunciada recientemente, apunta claramente a las intenciones de retomar la iniciativa política, militar y diplomática regional y mundialmente. La importancia de los recursos naturales estratégicos de la región, del Amazonas, del acuífero guaraní son parte de la geopolítica mundial del imperio.

En la actual coyuntura, sus aliados más fuertes son los gobiernos de México, Colombia y Perú y en menor medida los de Chile y Costa Rica.

Sus objetivos no son otros que los de desarticular los esfuerzos de integración que han comenzado a tejerse a través de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y sus mecanismos de coordinación económica, militar, política y diplomática, del MERCOSUR y del ALBA, la posición mas radical y antiimperialista compartida por los gobiernos de Caracas, La Paz, Quito y La Habana, principalmente.

Las elecciones parlamentarias de Argentina que han debilitado al gobierno de Cristina Fernandez de Kischner, la política de autonomías departamentales e indígenas del gobierno de Evo Morales y las próximas elecciones en Brasil y Chile van a ser el termómetro más claro de las tendencias que se abran y de los conflictos que se potencien en la próxima década. La "democracia" liberal y sus vaivenes estarán a prueba para advertir el rumbo político de Nuestra América.

Mientras el frente de la integración y la unidad latinoamericanas no acaba de consolidarse, la estrategia del imperialismo estadounidense ha comenzado a operar, con todos sus recursos e instrumentos, intentando marcar un nuevo siglo de dominación en América Latina. "Unidos o dominados" mantiene su vigencia. Apostamos por la liberación nacional, por la unidad y el socialismo latinoamericanos y por la Patria Grande.

La dignidad de las palabras y la vergüenza del silencio - BRASIL -

Brasil


La dignidad de las palabras y la vergüenza del silencio



Página 12


A fines de julio se publicó en Brasil un libro llamado Auto de Resistencia, que reúne testimonios de diecinueve mujeres y dos hombres. Son quince madres, dos viudas, una suegra y una hermana de víctimas de la violencia en Río. Los hombres son un padre y un padrasto de un bebé y un joven muertos. Con dos únicas excepciones, todas las víctimas fueron asesinadas por efectivos policiales. Una de las excepciones es un superviviente de la Matanza de la Candelaria, ocurrida en una madrugada de 1993, cuando delante de la centenaria iglesia y en pleno centro de la ciudad un grupo de muchachos callejeros fue ametrallado por policías. La otra es un joven de 16 años que murió arrollado por un coche manejado a alta velocidad por un juez borracho.

Los casos narrados ocurrieron entre 1990 y 2005. El libro cuenta, de manera directa, sobre diecinueve muertos y un superviviente, pero a la vez trata de acciones que resultaron en por lo menos setenta asesinatos. Quizá no sean tantos, considerándose que la policía brasileña es la que más mata en todo el mundo. Pero son ejemplares.

En el escenario de brutalidad urbana que domina las ciudades brasileñas, ninguna de esas historias es singular. Son parte de una rutina bestial, historias que se turnan en las páginas de los diarios frente al silencio vergonzoso de la omisión y a la aridez perversa de la impunidad, la misma impunidad que es esencial para que todo siga tal y como está.

Es en contra de esa realidad que se levantan las voces de esas mujeres. Más que denuncia de la violencia brutal e impune, sus palabras son el lamento continuo y digno de los supervivientes de la desesperanza, de quien no se resignó a la pérdida y a la derrota. Algunas se dieron como misión de vida rescatar la inocencia de sus muertos. Que su memoria no sea ultrajada. Que se sepa que no murieron en enfrentamientos armados: fueron ejecutados a sangre fría. Otras, aun admitiendo que sus muertos hayan cometido delitos, luchan para que se sepa que ellos no tuvieron el derecho a ser juzgados y condenados como plantea la ley. Así de simple, tremendamente simple, es la reivindicación de esas mujeres.

El libro nació del programa de apoyo a familiares de víctimas de matanzas del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Mendes, de Río de Janeiro, en asociación con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Que exista –en una universidad brasileña y en colaboración con uno de los centros académicos más antiguos de Europa– un programa destinado a familiares de víctimas de matanzas promovidas por la policía demuestra hasta qué punto la violencia irracional ejercida por las fuerzas policiales en Río tiene efectos devastadores.

“Auto de Resistencia”: así se registran, en comisarías de policía, supuestos enfrentamientos armados de la policía con criminalesque resisten a las fuerzas del orden. De hecho se trata de una excusa formal para ejecuciones sumarias. En el Código Penal brasileño tal figura no aparece. Es una aberración heredada de la dictadura militar (1964-1985). Cada día se registran oficialmente tres “Autos de Resistencia” en Río. Casi un centenar al mes, más de mil al año. En esos enfrentamientos, reales o supuestos, por cada policía muerto mueren 43 civiles. O la policía de Río dispara antes de preguntar, o los criminales de la ciudad tienen la peor puntería de la historia.

El libro también narra una historia de superación del dolor, la trayectoria de una lucha callada. Cada mujer cuenta la última vez que vio a la víctima, cómo supo de su muerte, cómo es sobrevivir a esa mutilación irreparable.

Lo más impresionante de los testimonios, inclusive en sus momentos más desgarradores, es el tono sereno de quien se ajustó a una vida mutilada por la muerte, y decidió seguir. Una dramática sutileza en la que no hay rencor, no hay resentimiento, lo que existe es una grandeza apabullante, la serenidad de los guerreros obstinados y solitarios. El libro también narra otro calvario: la inmensa dificultad en hacerse oír, la lucha contra vientos y mareas para obtener justicia contra los asesinos.

En Río de Janeiro se sigue aplicando, al amparo cómplice del aplauso de las clases medias, la política de la confrontación. Frente a cualquier duda o sospecha, la policía está autorizada a mantener fáciles sus gatillos. La inmensa mayoría de los muertos son trabajadores jóvenes y pobres.

El libro Auto de Resistencia trae un prefacio de Boaventura de Sousa Santos, uno de los más respetados y respetables luchadores por los derechos elementales del ser humano. Dice él: “Este es un libro diferente. Quien lo lea sin sentirse alterado, conmovido y trastornado por cierto perdió el alma”.

Es cierto que las autoridades no lo leerán. Y, si lo leen, apenas confirmarán que han perdido, y para siempre, sus almas amargadas.

* Escritor brasileño.


La lucha política del movimiento social mapuche en la sociedad neoliberal chilena

La lucha política del movimiento social mapuche en la sociedad neoliberal chilena

Tierra, territorio y autonomía




Feyti vlkantun alvkonchi wirarvn

feyti pu lalu

kiñe pin ti tapvl rimv mew

feyti weñagkvn feyti wecheche

ñi petu zugu ñi kewvn

welu ñami ñi pvllv


TRADUCCIÓN EN CASTELLANO - SIN RESPETAR LA MÉTRICA POÉTICA ORIGINAL

La poesía es el hondo
susurro de los asesinados
el rumor de hojas en el otoño
la tristeza por el muchacho
que conserva la lengua
pero ha perdido el alma


Elicura Chihuailaf


In Memorian de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collí, mártires de la actual rebelión mapuche.



Desde fines del siglo XX hasta la actualidad la cuestión indígena ha re-emergido con fuerza en las diversas sociedades de Nuestra América. Los pueblos originarios una vez más se han puesto en movimiento, constituyéndose en los “nuevos actores políticos” que encabezan la rebelión social popular en contra de las “viejas” como de las “nuevas” dominaciones (Bengoa, 2007; Escárzaga, 2007-8 y Gómez Leyton 2007-8). El pueblo mapuche no ha sido la excepción. Su activa movilización social y política, desde los inicios de la década los años noventa, ha tensionado fuertemente tanto al régimen político post-autoritario como al Estado nacional con sus históricas demandas y reivindicaciones. (Toledo, 2007).

El pueblo mapuche ha debido confrontar desde la constitución del Estado Nacional diversas modernizaciones capitalistas que han afectado profundamente su identidad cultural y existencia histórica. Actualmente enfrenta y se relaciona conflictivamente con la modernización capitalista neoliberal que ha penetrado sus territorios y comunidades poniendo en peligro no sólo su identidad cultural sino también su propia existencia como pueblo. La defensa de sus territorios, su identidad cultural y su propia existencia explica la actual rebelión mapuche.

Por su parte, el Estado nacional en su forma neoliberal, tanto bajo la administración dictatorial como la democrática ha desarrollado distintas políticas hacia el pueblo mapuche con el objeto de su control e integración subordinada a la nación chilena. Durante la fase dictatorial, el Estado neoliberal introdujo profundos cambios al interior de las comunidades mapuche que modificaron sustantivamente sus estructuras económicas, sociales y culturales fundamentales. Destacándose, por ejemplo, la introducción de la propiedad privada de la tierra por sobre la propiedad comunitaria colectiva. Este cambio destrozó uno de los aspectos centrales de la identidad cultural del pueblo mapuche. Tengamos presente que, mapuche, significa gente de la tierra. Por consiguiente, con la introducción de la concepción jurídica, económica y social de la propiedad privada de la tierra se dará inicio a un proceso de descomposición cultural de la relación colectiva y comunitaria con ella.

La tierra, de propiedad comunitaria y colectiva, adquiere una nueva condición y status: la de ser un factor económico. Se constituye en capital físico y en una mercancía transable en el mercado. Así, la instalación de la propiedad privada va a posibilitar que el mapuche, ahora propietarios individuales de la tierra, puedan vender, arrendar o enajenar sus propiedades a las grandes empresas capitalistas nacionales o transnacionales que buscan explotar los recursos forestales u otros que se encuentran en la región de la Araucanía, o sea, en los territorios ancestrales del pueblo mapuche. De esta manera, la re-ocupación territorial de la Araucanía agudiza los procesos de descomposición cultural de los mapuche; impulsándolos a emigrar hacia los centros urbanos del país acentuando los procesos de pauperización que los afectan desde hace décadas.

Los gobiernos concertacionistas de origen democrático que, desde los años 90, se hacen cargo de la administración del Estado neoliberal impulsan hacia los pueblos originarios nuevas políticas. Las cuales inspiradas en las nuevas tendencias y postulados en boga buscan construir una ciudadanía para los pueblos originarios más inclusiva que la implementada a lo largo del siglo XX. Para tal efecto, colocan en primer lugar el reconocimiento de las diferencias y de las particularidades de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. Se desarrolla la “política del nuevo trato” que implica una nueva relación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios. Sin embargo, la ampliación y profundización de las características esenciales de la sociedad capitalista neoliberal, por parte de estos gobiernos, ha provocado la agudización del histórico conflicto con determinados sectores del pueblo mapuche que hoy resisten activamente la ampliación y profundización del capitalismo neoliberal en sus territorios.

Esta nueva fase de conflictividad entre el Estado nacional en forma neoliberal y el pueblo mapuche a diferencia del periodo anterior -1973-1990- se desarrolla en el marco de un régimen político que posee un conjunto de instituciones políticas que combinan las formas democráticas con las autoritarias.

Rastrear las bases de sustentación del conflicto social y político es remontarse al siglo XVI al momento de la invasión de los conquistadores españoles de los espacios territoriales mapuche. Nuestra intención no es hacer ese recorrido sino acercarnos a la problemática actual a través de un planteamiento concreto y específico que señala que la reestructuración capitalista neoliberal en el espacio territorial mapuche constituye una nueva ocupación y destrucción de su principal fuente identidad y de existencia, la tierra. Sostenemos que la actual rebelión mapuche que ya ha cobrado varias muertes de comuneros a manos de la violencia política de la seguridad democrática neoliberal concertacionista se explica, entre otros factores, por la introducción e instalación de la propiedad privada entre las comunidades mapuche. De allí que la tradicional demanda por tierra hoy los mapuche reclaman autonomía política territorial como una forma de contener la destrucción de su identidad histórica.

DE LA PROPIEDAD COMUNAL MAPUCHE A LA PROPIEDAD PRIVADA NEOLIBERAL

La restauración de la dominación capitalista a través del patrón de acumulación neoliberal cuyo pilar central fue el restablecimiento de la propiedad privada de los medios de producción como eje central de la sociedad chilena, constituye la respuesta del capital nacional e internacional a la osadía popular de querer instalar democráticamente el socialismo en Chile. Dicha osadía tenía un carácter revolucionario concreto y preciso que desde la teoría política revolucionaria marxista, supone abolir la propiedad privada de los medios de producción, o sea, la principal fuente y origen de la desigualdad social, del conflicto de clases y del Estado. La mantención de la propiedad privada capitalista minera, industrial, financiera, agraria, etcétera constituían un obstáculo para avanzar en la construcción de la emancipación social y política de los “no propietarios” Entre 1967 y 1973 la estructura de la propiedad privada capitalista experimento drásticas transformaciones. Los sectores dominantes nacionales debieron recurrir a la violencia política militar para defender su principal fuente poder, por ello propiciaron y apoyaron el golpe de Estado de las fuerzas armadas en 1973 en contra del Gobierno Popular de Salvador Allende (Gómez Leyton, 2004)

El principal objetivo de ese Golpe de Estado fue restaurar el orden político capitalista y reestablecer la plena vigencia del derecho de propiedad privada. Para tal efecto, la dictadura militar inicio el proceso de desarmar el área social de producción constituida por el gobierno popular y restaurar las propiedades industriales, mineras, agrarias, financieras a los sus antiguos dueños o entregárselo al capital privado. La única propiedad estatal que se mantuvo hasta ahora es la de gran minería del cobre. En menos de una década la mayoría de la propiedad estatal fue entregada al capital nacional como internacional. De esa forma, la dictadura militar restableció la estructura de la propiedad privada capitalista, trasformándose ésta en la fuente principal de poder social de los actuales sectores dominantes nacionales y extranjeros (Gómez Leyton, 1998).

El proceso de democratización de la propiedad a través de la reforma agraria tuvo importantes implicancias para el pueblo mapuche. La Ley Nº 16. 640 de 1967, posibilitaba la expropiación de tierras que se encontraban mal explotadas, abandonadas o que poseían más de 80 hectáreas de riego básico (Correa, Molina y Yáñez, 2005). En el caso de los mapuche, dicha ley fue completada por la Ley 17.729 de 1972 aprobada durante el gobierno de Salvador Allende. Esta ley intentaba frenar el proceso divisorio de las tierras mapuche; además establecía la posibilidad de restituir tierras a los indígenas utilizando para el mecanismo de la expropiación contemplado en la reforma agraria; y crea, para tales efectos, Instituto de Desarrollo Indígena a fin de promover el desarrollo económico, social, cultural integral de los indígenas.

Entre 1965 y 1972 se expropian en las provincias de Arauco, Malleco y Cautín, en territorio mapuche, 584 predios con un total de 710.816 has. Aunque no todos fueron expropiados a favor de comunidades mapuche, sino que también de inquilinos y trabajadores forestales no indígenas. La presión ejercida por el movimiento social mapuche - así como por sectores políticos que los apoyaban - a través de la ocupación de predios colindantes a comunidades mapuche, resultó en la expropiación, y posterior traspaso material a indígenas de gran cantidad de predios sobre los cuales se tenían reivindicaciones históricas. En contraste con las 1.443 hectáreas que a través de las leyes indígenas serían reconocidas a los mapuche a lo largo de la década de los sesenta, durante 1971 y 1972 se habrían sido traspasados a través de la reforma agraria un total de 70.000 has.

Las tierras expropiadas que fueron asignadas a los mapuche, y luego incorporadas como unidades de producción del sector reformado, incluían asentamientos de reforma agraria y cooperativas campesinas constituidas de acuerdo a la ley de 1967, así como Centros de Reforma Agraria promovidos por la administración de Allende. El Estado, a través de Corporación de Reforma Agraria (CORA), apoyó la tecnificación y el desarrollo productivo de las tierras restituidas. (Aylwin O., 2002)

Pacificada militarmente la región de la Araucanía, reconstituida la propiedad privada, despojados, marginados y violentamente castigados los mapuche, el poder de los señores de la tierra libre de toda resistencia se dispusieron, por medio de la contra reforma agraria (Correa, Molina y Yánez 2005:243-291), [1] a seguir arrasando con el identidad y existencia del pueblo mapuche. A través de la implantación del modelo económico neoliberal se liquidó la propiedad comunitaria de la tierra indígena, particularmente a partir de los decretos leyes 2.568 y 2.750 de 1979 que, en la práctica, devino en la división de la tierra. De hecho, dicha legislación “resultó en la división en hijuelas individuales de la casi totalidad de las comunidades reduccionales…. El objetivo de esta legislación era acabar con el status especial de los indígenas y de sus tierras, integrándolos al régimen común del derecho nacional”. Se estima que aproximadamente 2 mil comunidades fueron divididas, “dando origen a alrededor de 72 mil hijuelas individuales con un total de 463 mil hectáreas”

En tan solo una década se produjo la disolución de la propiedad colectiva de la tierra y, si bien es cierto la ley prohibía la enajenación de las hijuelas resultantes del mencionado proceso de división, lo concreto es que muchas de esas tierras mapuche fueron traspasadas a no indígenas mediante transacciones fraudulentas, como, por ejemplo, arriendos por un periodo de 99 años que, en los hechos, equivalen a entregar la tierra de por vida. Pero, además de la imposición de estos decretos-leyes que desintegraron la propiedad comunal de la tierra - componente esencial de la cultura mapuche - la dictadura militar impulsó un proceso de inversión forestal en territorio mapuche. El decreto-ley 701 de 1974 subsidió, y en la práctica financió casi totalmente, la inversión forestal en la zona sur y fue crucial en el desarrollo acelerado de la industria forestal. En la década del setenta las plantaciones forestales ascendían a tan solo 320 mil hectáreas, sin embargo en la actualidad cubren una superficie de 2,1 millones de hectáreas de pino y eucalipto, fundamentalmente. Durante el año 2004 las exportaciones forestales chilenas totalizaron US$ 3.397 millones, cifra récord en la historia de la exportación forestal lo que representa un incremento de 34,6% respecto del valor registrado en el año 2003 y un 47,6% superior al año 2002. El crecimiento y desarrollo de la industria forestal se ha verificado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio mapuche, toda vez que el proceso iniciado durante la dictadura militar ha continuado imparable durante los gobiernos concertacionistas y no existe ningún indicio de que esto vaya a cambiar. Por el contrario, la Corporación de la Madera proyecta crecer a 2,6 millones de hectáreas de plantaciones forestales para el año 2010. Además, los empresarios forestales han manifestado, a través de su presidente José Ignacio Letamendi, que “bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia entregaremos la tierra a los mapuche, no tienen la capacidad para cultivarla” (Buendía, 1999:6, citado por Tricot: 2007). En esta misma línea de argumentación, y respondiendo a aquellos sectores mapuche que hablan de una “deuda histórica” del Estado chileno para con el pueblo mapuche, Fernando Leniz, ex ministro de la dictadura y ex presidente de la Corporación de la Madera, dueño actual del fundo Chauquen de 170 hectáreas, señaló que con los mapuche “no existe deuda histórica, lo que se perdió, se perdió” (Buendía, 2000: 11, citado por Tricot: 2007). Sin embargo, parece claro que – como han señalado organizaciones mapuche-lafkenche que elaboraron inicialmente el concepto de “Deuda histórica” - “la acción de estas empresas forestales afectan el medio natural en que nos desarrollamos como pueblo y cultura. Nuestras tierras son erosionadas y contaminadas por los diferentes tipos de tratamiento que efectúan las empresas en estas plantaciones. Podemos asegurar que incluso nuestra propia salud se encuentra afectada y modificada por la acción que en nuestro entorno natural efectúan estas empresas”. (Tricot, 2007:45-46)

La destrucción de la propiedad comunal de la tierra, la instalación de la industria forestal y la marginalidad y pobreza del pueblo mapuche, entre otros muchos factores sociales, políticos y culturales los impulsa -desde los años ochenta hasta hoy- a levantar un conjunto de demandas a objeto de proteger sus derechos y existencia amenazados.

Entre los ejes centrales de esas demandas destacan el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural hasta entonces negada en el país, la participación de sus representantes en la conducción de la política indígena del Estado, la protección legal de sus tierras y aguas, el otorgamiento de tierras fiscales o de tierras particulares adquiridas por el Estado a objeto de poner fin al proceso histórico de jibarización de sus comunidades y permitir la ampliación de sus tierras, y el apoyo al desarrollo económico y cultural de sus pueblos y comunidades.

LA LUCHA POLITICA MAPUCHE: DE LA TIERRA A LA AUTONOMIA TERRITORIAL

Uno de los fenómenos políticos perceptibles en la última década en el sur del país ha sido la evolución experimentada tanto en las características del movimiento social y organización mapuche como en los contenidos de la lucha política. En opinión del antropólogo Roberto Morales “cualquier análisis del movimiento mapuche en la actualidad… [debe considerar] su variedad de formas de organizativas que ha adquirido y su diversidad de énfasis y tácticas de accionar político” (Morales, 2007-8:93). Esta variedad hay que atribuirla a las características de la organización social mapuche: basada principalmente en la estructura de parentesco, que determina una exogamia del grupo, lo que políticamente ha significado el desarrollo de las alianzas entre los grupos de parientes. Esta dimensión en fundamental para entender el cambio organizativo social y político experimentado por el movimiento social mapuche: se ha pasado de la organización mapuche de carácter nacional a la organización territorial.

En efecto, las organizaciones mapuche de carácter nacional que habían jugado un rol central en la defensa de los intereses de su pueblo bajo la dictadura militar, como Ad Mapu, los Centros Culturales Mapuche y otras nacidas en el contexto de la recuperación democrática (Nehuen Mapu, Lautaro Ñi Ayllarewe, Calfulican, etc.), van siendo gradualmente reemplazadas por organizaciones de carácter territorial, tales como Identidad Lafkenche en Arauco, la Coordinadora Arauco Malleco, la Asociación Ñankucheo de Lumaco, la Asociación Comunal Pewenche de Lonquimay, la Asociación Poyenhue de Villarrica, entre otras, que emergen en la última década. [2] A diferencia de las anteriores, cuyos vínculos con partidos políticos o instituciones de la sociedad chilena eran fuertes, estas últimas organizaciones se articulan sobre una base territorial y se definen como independientes del Estado y las instituciones de la sociedad chilena.

Otro cambio significativo se refiere a la demanda política. De una demanda centrada fundamentalmente en la participación en el Estado y en la protección y ampliación de la tierra mapuche, se ha avanzado a fines de los noventa hacia una demanda orientada al reconocimiento de la territorialidad mapuche. Junto a ésta, emerge otra demanda estrechamente relacionada, que dice relación con el derecho a un desarrollo político, económico y cultural autónomo al interior de dichos territorios. Ello no resulta casual, pues es consecuencia de la naturaleza de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, las que además de tener componentes materiales como la tierra y los recursos naturales, tienen también componentes inmateriales de carácter político y simbólico.

La nueva orientación de las demandas mapuche se manifiesta ya en las resoluciones del Congreso Nacional del Pueblo Mapuche celebrado en 1997 con participación de las organizaciones territoriales emergentes. Dicho Congreso incorporó el concepto de territorialidad indígena hasta entonces ausente, exigiendo su reconocimiento y protección. [3] En materia de desarrollo, propone que las comunidades indígenas se constituyan en espacios de autogestión y de participación indígena, y de protección del territorio frente a proyectos que perjudican el medio ambiente. [4] El mismo Congreso propuso la autonomía como "eje de articulación del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena..." [5] .

En una perspectiva similar, el Consejo de Todas las Tierras exige del Estado “...el derecho a la restitución de tierras y territorios, uso y aprovechamiento de los recursos naturales del suelo y subsuelo....”, derecho que debe quedar incluido en una reforma a la Constitución. Reconociendo los distintos componentes de la demanda territorial, se fundamenta el derecho al territorio y los recursos del suelo y subsuelo en dos principios: “uno de orden cultural y el otro desde un principio que sustenta las actividades inherentes a los Pueblos Indígenas en el marco del desarrollo e implementación de su estrategia, en un proceso gradual de la autodeterminación.” [6]

En la misma línea, la organización Identidad Mapuche Lafkenche de Arauco en su propuesta de 1999 plantea, en base a los conceptos de "Pueblo, Nación originaria, control territorial, desarrollo endógeno, autonomía y libre-determinación", la creación de los "Espacios Territoriales de Patrimonio Lafkenche", entendidos como áreas de "protección y conservación de los espacios naturales y culturales" que las comunidades aún poseen en las distintas comunas de la provincia, e incluyen tanto las tierras, como "sus recursos suelo y subsuelo y espacios naturales, de la misma manera que los espacios ribereños y costa que poseemos...". La misma entidad propone que estos espacios sean administrados por una Asamblea Territorial, la que estaría integrada por un conjunto de consejeros territoriales y presidida por un Coordinador Territorial electo por sufragio universal por todas las comunidades de la provincia. Finalmente, se indica la necesidad del reconocimiento de dicha institucionalidad, y de su Coordinador, como autoridad política con derecho a voz y voto en las instancias de participación en el poder comunal, provincial, regional y nacional [7] . Se trata posiblemente de la propuesta más acabada hasta ahora formulada por los mapuche para hacer operativo el derecho a la territorialidad y a la autonomía que reclaman.

Por otra parte, en un comunicado público emitido en 1999 la Coordinadora Arauco-Malleco explica el sentido de su estrategia de recuperación territorial al sostener:

Señalamos que el único logro político real y a largo plazo es el reconocimiento de la existencia de la NACIÓN MAPUCHE y la devolución de espacios territoriales necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo...(Nuestra) estrategia tiene como eje central la recuperación de predios que hoy día se encuentran en disputa principalmente con empresas forestales y que son considerados por nuestras comunidades como espacios sagrados para la sobrevivencia y la reproducción de nuestra cultura (Comunicado Público, Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco -Malleco, Junio de 1999).

La Asociación Ñankucheo de Lumaco, finalmente, ha desarrollado no tan sólo una demanda, sino también una práctica de fortalecimiento territorial que incluye dimensiones económicas, políticas y culturales. La importancia del territorio no sólo como espacio físico sino también como espacio político es resaltada por Alfonso Reiman, su presidente, al señalar: “Si decimos que somos un Pueblo o Nación, pienso que todo pueblo debe conservar su territorio, y hoy lo que tenemos son porciones de tierra, pero no control de un espacio territorial”. La dimensión económica del territorio, así como la necesidad de que los mapuche logren una autonomía en este plano en sus respectivos territorios es uno de los énfasis de Ñankucheo.

Estos cambios en el movimiento y en la demanda mapuche en el último decenio explica el distanciamiento que hoy existe entre las organizaciones mapuche emergentes y el Estado, especialmente con la CONADI. El carácter mixto o bipartito de esta entidad - con representación del gobierno y de indígenas - que parecía tener cierta lógica al momento del debate de la ley indígena, no se compatibiliza con las demandas autonómicas hoy dominantes al interior del movimiento mapuche. Explica también el por qué de la resistencia mapuche a la expansión de la inversión hacia sus espacios ancestrales, expansión que además de provocar los impactos sociales y ambientales antes señalados, es visualizada como una amenaza a la reconstrucción territorial en la que están empeñadas muchas de sus organizaciones.

Según el especialista en asuntos indígenas José Aylwin hay dos factores que explican estos cambios. El primero de ellos dice relación con la incapacidad de la normativa vigente (Ley No 19.253 de 1993) y de la política pública impulsada a la fecha para dar protección a los derechos que los mapuche reivindican, en el contexto económico actual. En efecto, la tierra por si sola, sino va acompañada de derechos sobre los recursos naturales, así como de derechos que aseguren grados mayores de participación y/o control indígena de los procesos económicos sociales y culturales que en ellas se verifican, no asegura hoy las posibilidades del desarrollo material y cultural que los mapuche legítimamente reclaman para sí.

El segundo factor es el conocimiento, que gracias a los procesos de conexión global han adquirido los mapuches y otros pueblos indígenas de Chile, de los procesos que hoy ocurren a nivel internacional y comparado, donde crecientemente se reconocen y protegen los derechos territoriales de los indígenas, así como los derechos de participación, autonomía o cogestión inherentes a ellos.

Sin desmerecer la legitimidad de la demanda mapuche por tierra, la que encuentra su fundamento último en la propia acción del Estado que, con la ocupación militar de la Araucanía, arrebató gran parte de sus tierras ancestrales, y que más tarde con su legislación, legitimó la usurpación de las mismas por parte de no indígenas, cabe reflexionar en torno a la estrategia hasta hoy desarrollada por el movimiento mapuche a la luz de las demandas territoriales y autonómicas que hoy prevalecen en él.

En primer lugar, no existe un planteamiento claro en el movimiento mapuche sobre cuáles son las tierras que reclaman para su pueblo. Los planteamientos existentes sobre la materia son diversos; para algunos la demanda se centra en las llamadas tierras en conflicto (Congreso Nacional Mapuche, 1997) o en disputa (Coordinadora Arauco Malleco, 1999), sin especificar claramente cuales son ellas; para otros se centra en la restitución de “...las tierras que nos han usurpado a causa de leyes y políticas del Estado, tanto aquellas declaradas fiscales, como las que han sido tomadas por particulares y más recientemente por empresas forestales trasnacionales y nacionales...” (Aukiñ Wallmapu Ngulam, 1997). Para el abogado mapuche José Lincoqueo ha esgrimido ante los tribunales los parlamentos celebrados por los mapuches como fundamento para la restitución de cualquier tierra ubicada al sur del Bío Bío.

La falta de precisión, en opinión de Aylwin, en la definición de las tierras reivindicadas por los mapuche contrasta con los avances logrados en esta materia en otros contextos, tanto en América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, México, entre otros) como en Norteamérica (Canadá) donde los pueblos indígenas han desarrollado importantes trabajos histórico-culturales y cartográficos, basados en conocimientos tradicionales y/o en antecedentes jurídicos, destinados a identificar las tierras y territorios que reclaman para sí, sean estos basados en ocupación ancestral, títulos coloniales o estatales, o en su importancia cultural o económica.

Más allá de la indudable justicia de las reivindicaciones de tierra mapuche, la definición de las tierras a restituir por parte del movimiento resulta crucial. Ello por razones políticas, por cuanto si tales tierras no están hoy en poder de los mapuche, se requiere negociar su restitución con otros actores (Estado, particulares, empresas), para lo cual la certeza de lo reivindicado parece un paso esencial. Adicionalmente se debe considerar el carácter del poblamiento actual del espacio territorial en que hoy viven los mapuche, como un espacio compartido, en que los mapuche son una minoría demográfica en comparación con otros sectores de la población, a diferencia de otros espacios territoriales hoy reivindicados por los pueblos indígenas, tales como la Amazonía en América del Sur o el Ártico en América del Norte, donde los pueblos indígenas constituyen el porcentaje mayoritario de la población. De esta manera, en un espacio con estas características, sería iluso suponer que los mapuche podrían recuperar la propiedad total de su territorio ancestral. Este proceso resultaría complejo, no sólo desde el punto de vista político y económico, sino incluso podría ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos de la población campesina no indígena, también pobre, que se ha asentado en áreas rurales en virtud de las políticas desarrolladas por el Estado a lo largo de los últimos ciento cincuenta años.

Lo anterior deja en evidencia la necesidad de avanzar en la definición del espacio territorial reclamado, ya sea que este incluya las tierras y recursos considerados por los mapuches como usurpados, o aquellos que resulten claves para reforzar una territorialidad desarticulada, o los que resulten necesarios para la sustentación material y cultural de los mapuches como pueblo. También parece fundamental la elaboración de propuestas en relación a la futura forma de utilización de dichas tierras y recursos, a modo de asegurar en ellas un desarrollo cultural y ambientalmente sostenible, y que su traspaso no genere, como ha sucedido en los últimos años en un contexto de depresión de la agricultura tradicional, nuevas formas de dependencia con el Estado.

Por otra parte, no obstante la importancia que han adquirido en el movimiento mapuche las demandas por el ejercicio de derechos colectivos de carácter político en los espacios territoriales en que viven sus comunidades, son muy pocos los avances que se han logrado en este contenido inmaterial de la territorialidad indígena. Es evidente que un sistema político y administrativo, así como una discriminación cultural, en nada favorece el ejercicio de estos derechos por parte de los mapuches y otros pueblos indígenas.

En el régimen político actual, no hay cabida para una representación política mapuche, ni siquiera en su espacio territorial ancestral o en los sectores en que su población es mayoritaria. Esta situación también contrasta con aquella existente en otras latitudes, incluida América Latina, donde los esfuerzos de los pueblos indígenas, además de estar dirigidos hacia alcanzar la protección y ampliación territorial, han estado orientados de un modo central en los últimos años en la conquista de derechos políticos en los territorios en que viven.

La permanente vulneración de los derechos como de su identidad histórica-cultural del pueblo mapuche y el desarrollo de sus procesos reflexivos y de organización social y política le han permitido conformarse en el principal, tal vez, el único movimiento social que hoy se despliega al interior de la sociedad neoliberal avanzada chilena. La actual rebelión mapuche cuestiona todo el orden social construido en Chile en estos últimos treinta y cinco años. En efecto, sus demandas trascienden lo meramente económico, pues desde la década del ochenta, el movimiento social mapuche plantea un cambio en la discusión de sus derechos, en cuanto a presentar estrategias que privilegian la autonomía política territorial. De la reivindicación por tierras se pasa a una demanda por territorios; de una participación en el Estado, hacia una que se centra en la autonomía. Esta transformación en la demanda implica una novedosa forma de relación con el Estado nacional quien, por cierto, niega de manera rotunda y categórica dicha posibilidad de autonomía.

Frente a este cambio y ante las acciones de los comuneros mapuche, los gobiernos concertacionistas han respondido con la violencia directa, aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado o recurriendo a legislación de la época de la dictadura militar, como la Ley anti-terrorista, para enfrentar las movilizaciones, las ocupaciones de predios, las manifestaciones callejeras y cualquier otra expresión concreta de las reivindicaciones del pueblo mapuche. En este sentido, ha existido una clara estrategia de criminalización y judicialización del problema mapuche. En otras palabras, el Estado, por una parte, trata de reducir “la cuestión mapuche” al tema económico y de subsistencia obviando el tema de los derechos colectivos como pueblo, es decir, ignora la dimensión política. Y, por otro, criminaliza y judicializa el problema al sobredimensionar las acciones de reivindicación del movimiento social mapuche, recurriendo a la policía y al uso desproporcionado de la fuerza, usando a los medios de comunicación para estigmatizar y descalificar a los mapuche como terroristas y delincuentes y, finalmente, radicar el tema en los tribunales.

La criminalización del problema mapuche ha significado que en último tiempo “solo en la región de la Araucanía cerca de 300 mapuche que han sido acusados ante la justicia, a contar del año 2000, por acciones vinculadas a los conflictos por tierra que involucran a sus comunidades. De estos al menos un 10% han sido acusados de cometer delitos terroristas según a la legislación que data de los tiempos de la dictadura, que ha sido cuestionada desde la perspectiva de los derechos humanos por cuanto permite el uso de testigos sin rostro que debilitan el derecho a la defensa, posibilita largos períodos de prisión preventiva, y establece condenas que duplican las del Código Penal.

La existencia de un régimen político democrático autoritario, del Estado, en su forma nacional-neoliberal, son la mejor garantía para las clases propietarias que la mantención el orden capitalista no corre peligro. Por esa razón, el conflicto mapuche o la cuestión mapuche seguirá siendo uno de los temas políticos, históricos y culturales no resueltos en la sociedad chilena. Y, tal vez, en la medida que vaya estableciendo alianzas con otros grupos de la sociedad que resisten y se oponen al orden neoliberal, podrán ser fuentes de origen de una crisis política que afecte tanto al régimen político como al Estado. Por el momento, tan sólo el pueblo mapuche se levanta en contra del orden neoliberal.

BIBLIOGRAFIA

Aylwin O., José (2002), Tierra y Territorio Mapuche. Un análisis desde una perspectiva histórico Jurídica. Proyecto Mapu Territorialidad. Instituto de Estudios Indígenas. Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Bengoa, José (2007), La emergencia indígena en América Latina. Editorial FCE, Santiago de Chile.

Correa, Martín, Raúl Molina y Nancy Yánez (2005), La Reforma Agraria y las tierras mapuches, Chile 1962-1975. LOM Ediciones, Santiago de Chile.

Escárzaga, Fabiola (2007-8), “La emergencia india contra el neoliberalismo en América Latina” en Revista AMERICA LATINA 7, Universidad ARCIS, págs. 13-42.

Gómez Leyton, Juan Carlos (2007-8), “La actualidad de la Historia: la rebelión indígena en Chile y América Latina”, en Revista de AMERICA LATINA 7, Universidad ARCIS, págs. 7-12.

Gómez Leyton, Juan Carlos (2004), La Frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile, 1925-1973. LOM Ediciones. Santiago de Chile.

Marimán, Pablo, Sergio Caniuqueo, José Millalén, Rodrigo Levil, (2006), ¡…Escucha, winka…! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. Ediciones LOM, Santiago de Chile.

Morales Urra, Roberto (2007-8): “Del Fichan Mapu al Wal Mapu Wen”, en Revista América Latina 7, Universidad ARCIS, págs. 85-111.

Toledo Llancaqueo, Víctor (2007) “Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena en Chile 1990-2007” en OSAL, Año VIII Nº 22, CLACSO, Buenos Aires, págs. 253-275.

Tricot, Tito (2007), Democracia Formal y derechos indígenas. Una aproximación a la relación actual entre el estado chileno y el pueblo chileno”, Historia Actual Online, Nº 12 (Invierno) págs. 43-61.

Yáñez, Nancy/ José Aylwin (editores) (2007), El Gobierno de Lagos. Los pueblos indígenas y el “nuevo trato”. Las paradojas de la democracia chilena, LOM Ediciones, Santiago de Chile.

-----------------------------------------

El autor es Doctor en Ciencia Política e Historiador. Director Académico del Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, Santiago de Chile.

NOTAS

[1] Los investigadores citados sostienen que de los 163 predios expropiados a favor de comunidades o con participación mayoritaria de mapuche, sólo se parcelaron un total de 63 predios, por una superficie de 53.240,88 hectáreas. Del total asignado, se estima que menos de un 50% de estas tierras le fueron entregadas a algún asentado mapuche, por tanto, la superficie aproximada de tierra de todo el proceso de Reforma Agraria que finalmente llegó a poder de mapuches no supera las 25 mil hectáreas, esto es el 16% de la tierras recuperadas entre 1962 y 1973. El resto de las tierras, es decir, el 84% fue devuelto a sus antiguos propietarios o se entregó en parcelas a ex inquilinos o medieros. Finalmente,…el proceso de Reforma Agraria concluye legalmente con la promulgación de dos Decretos que ponen un final irreversible a la Reforma Agraria y declaran fuera de la ley a las organizaciones protagonistas del proceso: el 20 de octubre de 1978, a través del D. L. Nº 2.346 se declararon disueltas siete organizaciones sindicales, entre ellas las Confederaciones Campesinas Unidad Obrero Campesina y Ranquil; y, en diciembre de 1978, se disuelve la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, por el D.L. Nº 2.405, siendo sucedida transitoriamente por la Ofician de Normalización Agraria, ODENA, de existencia efímera, entre 1 de enero 1979 y 31 de diciembre de 1979.

[2] Una excepción en este sentido es el Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam), que con un carácter nacional, mantiene su vigencia como organización mapuche hasta la fecha. No obstante, desarrolla un trabajo a nivel de los distintos espacios territoriales mapuche y sus planteamientos son similares a los de las organizaciones territoriales mapuche emergidas en los últimos años.

[3] Al respecto el Congreso afirma: La tenencia de las tierras es la base del pueblo mapuche, como asimismo el uso de las aguas de los ríos, de los lagos y del mar. Aún cuando la mitad de la población está en zonas urbanas la referencia ideológica cultural es la tierra y el territorio mapuche ancestral. (Aylwin, 2002)

[4] Ibíd.

[5] Como propuesta concreta para lograr dicha autonomía plantea la creación de una serie de un Parlamento Mapuche, con representación de autoridades tradicionales mapuche de distintas regiones (desde Bío Bío a Los lagos), de un Tribunal Mapuche, y de una Unión Comunal de Organizaciones Mapuche. El Congreso sugirió además la constitución de un padrón electoral mapuche con este fin. (Ibídem).

[6] Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wallmapu Ngulam), "Los Derechos de los Pueblos Indígenas, Un Desafío para la Democracia" en Cámara de Diputados, 1999.

[7] Identidad Mapuche Lafkenche de Arauco, 1999.


El imperio contraataca en Nuestra América

El imperio contraataca en Nuestra América



El reciente golpe de estado perpetrado contra la institucionalidad democrática en Honduras y el establecimiento de nuevas bases militares yanquis en Colombia, confirman que la obsesión imperial por impedir la soberanía y el avance de los pueblos en la región está más vigente y activa que nunca. Estos sucesos evidencian también cómo van desplegándose los diferentes actores implicados en esta ofensiva, a modo de configurarla prácticamente como una especie de versión renovada y amplificada de lo que fuera la tristemente célebre “Operación Cóndor”, en la cual participan entusiastamente oligarcas, políticos títeres y militares serviles a Washington. Esta vez, aquellos que pretenden derrotar a nuestros pueblos desde esta neoversión de la ignominia, no solo accionan desde las sombras como lo hicieran antaño, sino que lo hacen confabulándose descaradamente en su propósito de atropellar los derechos populares, mientras fomentan la confusión y la mentira a través de sus medios de desinformación e instituciones; saben que cuentan con el apoyo del amo.

El águila imperial no desea perder más plumas en Nuestra América.

Por una parte, la ofensiva imperial se desarrolla principalmente en contra de los pueblos y gobiernos de países pertenecientes al ALBA, incrementando cada día la presión tendiente a destruir a como dé lugar estas experiencias, para evitar sigan extendiendo su luz como un faro en el continente. En este contexto, el golpe de estado en Honduras grafica una vez más que los EEUU no están dispuestos a respetar gobierno alguno, por más democrático que este sea, en tanto no se pliegue incondicionalmente a los requerimientos que Washington le imponga. Queda así claramente señalado que el verdadero significado de los cacareados “derechos humanos y libertades democráticas” imperiales no es sino la absoluta sumisión a sus dictados.

Por otra parte, las nuevas bases militares en Colombia no estarán dedicadas simplemente a operaciones “contra el narcotráfico”, sino a escalar el conflicto; tarde o temprano, los soldados yanquis chocarán directamente con fuerzas guerrilleras insurgentes que han logrado acumular una experiencia de varias décadas en lucha contra el ejército y paramilitares apoyados por EEUU, sin ser derrotadas. En medio de un incremento de la guerra, se hará cada vez más difícil y humanamente costoso para cualquier organización popular, avanzar en la resolución del largísimo conflicto interno colombiano.

Los montajes mediáticos destinados a involucrar a Venezuela Bolivariana y Ecuador en el mismo, anticipan también otra de las intenciones de fondo ideadas por los gestores de la instalación de las bases: extender la zarpa hacia el vecindario donde no solamente los pueblos se organizan y trabajan por otro orden -“ayudando” mediante el empleo del aparato militar y “cuando sea el momento”, a los actores contrarrevolucionarios existentes al interior de estos países-, sino apuntando la mira hacia el subsuelo donde yace el preciado oro negro necesario al funcionamiento despilfarrador e inhumano del sistema capitalista imperial.

Van quedando así, relegadas al olvido, las esperanzas que muchos -honesta, pero ingenuamente- abrigaban en torno a la presencia en la Casa Blanca de un representante demócrata ansioso de llevar adelante supuestos “cambios”. La porfiada realidad permite constatar que se han continuado implementando sistemáticamente las directrices emanadas de las concepciones estratégicas de Seguridad Nacional. Esas directrices, generadas en el búnker del Pentágono así como en los “think tanks” de los verdaderos dueños del poder imperial, y no solo en el Salón Oval de la Casa Blanca, son la verdadera política que debe respetar y aplicar quien quiera se encuentre en el poder gubernamental de turno en los EEUU. Este es el panorama que Obama ha encontrado al llegar a la presidencia y es en esos marcos donde deberá hacer calzar cada una de sus intenciones de “cambios”, si las tuviera.

Pero, en cualquier caso, no es con la asunción de Obama que el imperio ha comenzado a desplegar su poderío e intenciones en la región.

Las “Misiones Humanitarias” de la IV Flota.

Poco antes del fin del período “Bush” fue oficialmente reactivada la IV Flota, basada en Mayport, Florida y dependiente del USSouthCom, el conocido Comando Sur. Esta imponente flota inició de inmediato sus actividades en un terreno algo desproporcionado para una estructura militar de tamaño poderío.

Aunque con sus capacidades operativas están en condiciones de llevar el Apocalipsis en la proa de sus buques y portaaviones a cualquier “rincón oscuro” de nuestro continente… han escogido estrenarse mediante un barco-hospital decorado de un inocente color blanco: el USNS Comfort, que en vez de infantes de marina, bombas inteligentes y misiles nucleares, lleva sobre cubierta médicos y técnicos de flamante sonrisa Colgate en esmerado periplo por las costas de Nuestra América. Empero, en esta tarea aparatosamente promocionada como “misión humanitaria”, el USNS Comfort, no alcanza a disimular con su maquillada silueta, al multipropósitos porta-helicópteros USS Kearsarge, ni al destructor porta-misiles USS Farragut, bautizados a su vez en el “humanitario” peregrinaje. Mucho menos pudieran disimularse las verdaderas aptitudes del gigantesco portaaviones nuclear de clase “Nimitz”, USS George Washington, ni las de su respectiva escolta de submarinos, destructores y fragatas.
Toda la actividad supuestamente “humanitaria” de estos simpáticos y serviciales barquitos no es en absoluto inocente ni inédita. Bastaría releer cualquiera de los antiguos manuales de contrainsurgencia editados por el Pentágono durante las cinco últimas décadas del siglo pasado –los mismos con que se domesticaba en la Escuela de las Américas a los oficiales que a ella concurrían-, para toparse con que un componente fundamental en la Doctrina de Seguridad Nacional de los EEUU implementada desde entonces en la región, ha sido precisamente el elemento “humanitario”, incorporado allí como parte de una concepción de guerra integral contra nuestros pueblos y que combina siniestramente diversos elementos necesarios a la misma.

Esto permite entender mejor cuando -durante una conferencia realizada el 6 de octubre 2007 como culminación de una gira por algunos países de Nuestra América- el Secretario de Defensa, Robert M. Gates, informaba de los planes del Departamento de Defensa tendientes a acrecentar el empleo de sus recursos en el área, luego que: “oficiales del Comando Sur habían determinado la importancia de reestructurar el USSouthCom a modo de combinar labores “humanitarias” con las actividades tradicionales de preparación militar de sus “aliados” en la región… para ayudarles en el combate al narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas” (1), reafirmando que: “la asistencia humanitaria es la parte central de sus esfuerzos por realzar la seguridad, estabilidad y prosperidad” en la región (2).

Nada de lo anunciado por Mr. Gates resulta entonces nuevo. Tal como “aconsejaran” los antiguos manuales contrainsurgentes antes citados, ya desde 1997 existe en el USSouthCom un programa denominado “Iniciativa sobre Derechos Humanos”, (Human Rights Initiative, HRI) (3), el cual, mediante sus diversas fases, pretende incidir en sectores de la oficialidad militar regional para amoldar su desempeño a los requerimientos que de ellos esperan sus amos. Y precisamente, nada más por casualidad, encontramos que algunos oficiales participantes en este programa han sido hondureños… entre otros; como antes, se recordará que también fueron obedientes “alumnos” de la Escuela de las Américas quienes participaron en las dictaduras militares que asolaron el continente.
Imaginaremos, sin mucho margen para error, que los tópicos relacionados con “derechos humanos” y “asistencia humanitaria” enseñados por oficiales del USSouthcom mediante el mencionado programa HRI, estarán amenizados por la “socialización” de la abundante experiencia adquirida en Abu Ghraib y Guantánamo…

Como no podía ser de otra forma, a parejas con el estreno de los albos barquitos “humanitarios” en misión de descubrir nuevamente Nuestra América, la parte sustancial de la flota ha levado anclas sin tanto revuelo mediático, para participar en una serie continua de maniobras militares con armadas de la región. Como para no perder la práctica ni la costumbre, y por si acaso.

Destino Manifiesto, a través del tiempo.

La información entregada a través de diversas “declaraciones oficiales” por poderosas instituciones y personeros del poder imperial, hace a veces perder el hilo y echar sombras de confusión sobre las omnipresentes actividades de injerencia yanquis: de eso se trata. En un planeta dominado por su gigantesco aparato mediático -que es utilizado como una poderosa arma de desinformación masiva-, casi no se alcanza a comprender que la injerencia imperial manifiesta una perfecta continuidad en el tiempo aplicada sistemáticamente mediante una variedad impresionante de métodos y recursos que, por supuesto, en su mayor parte no son reconocidos ni informados “oficialmente”.

El imperio no ha descansado jamás en su accionar antipopular. Esta peligrosa obsesión se encuentra inscrita desde su génesis en la concepción de dominio y expansión expresado en el varias veces centenario y fascistoide Destino Manifiesto: podríamos decir que cada una de las diferentes formas o fases implementadas ahora por el accionar imperial en nuestra región y en otros lugares del planeta, sólo representan versiones “actualizadas” de la ideología primaria del Destino Manifiesto, readecuadas permanentemente, y aplicadas de un modo dinámico e interrelacionado a todo lo largo de la historia. La versión actualmente en aplicación es la entregada en septiembre 2002 bajo el nombre de: “Estrategia para la Seguridad Nacional”.

En nuestro continente se conoce de los enormes esfuerzos y recursos que, desde del triunfo de la revolución cubana, ha destinado el imperio para impedir la consolidación de la revolución y la expansión de su ejemplo en la región. Puede sin mucho esfuerzo recordarse el intento de intervención militar derrotado en Playa Girón y otros numerosos planes realizados con el mismo propósito y similares resultados; la guerra sucia y el Bloqueo desarrollado durante más de cincuenta años contra Cuba y su heroica resistencia son hechos bien sabidos entre nuestros pueblos y han alumbrado profundamente la experiencia popular regional.

Pero también, antes y después, ha habido innumerables ejemplos de intervencionismo yanqui en el continente con el pretexto de la “Seguridad Nacional”, todos ellos destinados a frustrar las luchas por la Justicia y la Libertad. La mano y las armas imperiales han estado actuando desde el momento mismo en que nuestros pueblos se sacudieron el yugo del imperio español: guerra de rapiña contra México; ocupación de Puerto Rico; imposición en Cuba de un gobierno constreñido por la “Enmienda Platt”, luego de la derrota de la corona de España; intervenciones militares directas o encubiertas en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Haití, Colombia, Panamá, Granada, Jamaica… (4); injerencia y más injerencia por doquier junto a golpes de estado en Nuestra América, con la instauración de brutales dictaduras en las cuales participaron oficiales “educados” en la Escuela de las Américas…

No obstante, la participación militar directa o indirecta refleja solo una de las formas como el imperio ha procedido a llevar adelante sus planes; una serie de programas e instituciones subordinados a la Doctrina de Seguridad Nacional, pero disfrazados bajo un aspecto civil y humanitario, han complementado interrelacionadamente la labor de las diversas agencias de seguridad, la Casa Blanca y el Pentágono.

Halcones, con plumaje de blancas palomas.

El triunfo de la revolución cubana sacudió hasta los cimientos la “paz” que el imperio había logrado mantener hasta entonces en su patio trasero. En ese contexto, el 3 de noviembre de 1961 hace su debut la USAID, bajo el gobierno del presidente demócrata John F. Kennedy. La nueva creación nacía supuestamente libre de: “funciones militares y políticas”, pero fue destinada, entre otros, a la implementación de la llamada “Alianza para el Progreso” en Nuestra América, Africa y Asia, ambicioso programa destinado a: “contener la expansión del comunismo”. En Vietnam, por ejemplo, reconocen textualmente haber: “desarrollado un gigantesco plan de asistencia basado en contrainsurgencia y desarrollo económico y democrático, que duró hasta el retiro de las tropas estadounidenses en 1975” (5); de esa forma complementaria a las bombas y el napalm, se estrenaba la política contrainsurgente de mayor alcance que el imperio haya jamás ideado.

Desde entonces y por medio de programas de diferentes denominaciones, unos cuantos sacos de trigo con el llamativo logotipo “donación del pueblo americano”, secundan el ingreso al terreno de toda una serie de personajes, instituciones y ONGs supuestamente en “misión humanitaria”; ellos se encargan de acometer la tarea de “promoción de la democracia y los derechos humanos”, con los cuales injerencian y conspiran en cada “rincón oscuro” planetario donde los pueblos hayan decidido escoger modelos diferentes de relación humana. Paralelamente, desde las sombras o desde portaaviones y bombarderos, otras agencias y el Pentágono van encargándose coordinadamente de alistar las bombas para expandir las guerras terroristas necesarias a la “Seguridad Nacional”.

No es casualidad entonces encontrar hoy día amparadas tras la fachada de la USAID, a innumerables “organizaciones no gubernamentales” y otras, surgidas como hongos después de una lluvia, trabajando mercenariamente por la “democracia y los derechos humanos” en cada uno de los países que cuestionan con su accionar a la política imperial. Así, encontraremos estas “ONGs” dependientes del gobierno de los EEUU, desplegadas en Bolivia promoviendo el separatismo y el racismo como paradigma de los llamados “derechos humanos y democracia” que aspira el imperio; igualmente las veremos reptando por Venezuela Bolivariana auspiciando los grupos que intentan sepultar el proceso revolucionario; o apoyando activamente a los golpistas en Honduras. Mientras tanto, la IV Flota prosigue navegando en estado de alerta; las nuevas bases militares en territorio colombiano aprestan su equipo para las futuras acciones en terreno y grupos de sicarios ensayan los planes de magnicidios respectivos.

Se comprenderá así el verdadero significado de las palabras que la flamante Secretaria de Estado, Hillary Clinton, pronunciara el pasado 23 de enero en un encuentro con el personal de la USAID: “Creo en el desarrollo, y creo con todo el corazón que verdaderamente, junto con la defensa y la diplomacia, es un socio igual en la promoción de la Seguridad Nacional de Estados Unidos". Concepto en todo idéntico al que expresara la anterior Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en febrero 2008: “Nuestra Seguridad Nacional requiere la integración de nuestros principios universales con todos los elementos de nuestro poder nacional: nuestra defensa, diplomacia, nuestra ayuda al desarrollo, nuestros esfuerzos de promoción de la democracia, el libre comercio, y el trabajo adecuado de nuestro sector privado y sociedad”…

La USAID es secundada en su accionar antipopular por otras diversas instituciones y “think tanks” imperiales. Entre ellos se destacan la “National Endowment for Democracy”, NED; el “International Republican Institute”, IRI (republicano); el National Democratic Institute, NDI (demócrata); la Freedom House; la Heritage Foundation; el CATO Institute; la RAND Corporation, etc. (6), todos pomposamente autocalificados como “no gubernamentales” y “sin fines de lucro”, pero que disponen de fondos ascendentes en total a miles de millones de dólares provenientes del presupuesto estadounidense o de instituciones pertenecientes a la compleja red de poder imperial. Estos cuantiosos recursos son invertidos sistemáticamente en subvencionar en cada uno de nuestros países sucursales tipo ONGs y diversos centros de análisis a modo de “think tanks” locales, cuyas actividades mercenarias se centran en promover y organizar los gérmenes de contrarrevolución.

“Dios los cría y el Diablo les junta…”

Por si todo esto fuera poco, esta frenética actividad imperial por la “democracia y los derechos humanos”, es apoyada por otras diversas fundaciones de origen europeo, que complementan en Nuestra América la labor central del amo.

Entre ellas destacan las gigantescas fundaciones: Konrad Adenauer, la Robert Schuman y la Hanns Seidel, actualmente de colorido democratacristiano, pero en las cuales muchos de sus fundadores originales hicieron currículo durante la era nazi; la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, de similar orientación bajo la batuta del español José M. Aznar; la Friedrich Naumann, liberal y otras, como la People in Need, PIN, de origen checo y destacada participación en el desmerengamiento del área socialista europea... (7)

Nada más por casualidad y como ejemplo: en julio del 2008, durante el encuentro titulado “V Foro Atlántico”, -ennaftalinada reunión celebrada tradicionalmente año a año bajo el auspicio de la “Fundación Internacional para la libertad”-, el orador principal fue Mr. Hugo Llorens, de origen cubano y actual embajador de EEUU en Honduras… Otras perlas asistentes al mismo fueron el ex presidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, quien precipitara a su pueblo al precipicio neoliberal durante su gestión; Mario Vargas Llosa, fenecido y recordado escritor, quien junto al terrorista de origen cubano Carlos Alberto Montaner, el aterciopelado ex presidente checo Václav Havel y la presidenta de la comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre… se explayaron refiriéndose al infaltable tema “Cuba”, como asimismo a “Venezuela Bolivariana”, “Bolivia”, “Ecuador”... Las reuniones anteriores habían contado con la selecta presencia de, entre otros, el venezolano Manuel Rosales…
Otro de estos mediatizados encuentros internacionales entre la flor y nata de la contrarrevolución continental -también patrocinado “oficialmente” por la “Fundación Internacional para la libertad”-, fue el Seminario Internacional: “América Latina, entre el populismo y la libertad” realizado en Rosario, Argentina, durante marzo 2008, en el cual participaba de manera destacada el conocido Mr. Roger Noriega, junto a los repetidos José María Aznar, Vargas Llosa y Carlos Montaner; secundados por un Marcel Granier, de Venezuela y un Manfred Reyes Villa, el separatista prefecto de Cochabamba, Bolivia, quien fuese formado nada menos y para variar en la tantas veces mencionada Escuela de las Américas. Y así…

Como se verá, cada uno de estos encuentros, son conducidos centralmente por personeros representantes del poder imperial, quienes no dejan las riendas al azar de cualquiera.

Tampoco podrían dejar en manos de cualquiera la administración de los enormes recursos puestos a disposición por el imperio. Estos alcanzarán durante el año 2010 la cifra de 2 200 millones de dólares, a repartir entre las actividades patrocinadas por el Departamento de Estado y la USAID… (8). A la obsesión imperial no le faltan ni ideas ni recursos.

Todo vale, cuando de aplicar la “Seguridad Nacional” se trata…

Lo someramente descrito indica que no cabría abrigar esperanzas que los planes imperiales reseñados en la actual Estrategia para la Seguridad Nacional destinados a Nuestra América, fuesen a trepidar en algún aspecto de orden ético que limitase su aplicación. Se recordará el cinismo y la hipocresía como se manejaron las “justificaciones” para el ataque de los EEUU y sus aliados a Iraq, Afganistán o Yugoeslavia. Al respecto, se debería recordar también que ni siquiera este tipo de consideraciones ha sido un obstáculo cuando se ha tratado de aplicar aspectos relacionados a la Seguridad Nacional al interior de los propios EEUU, cada vez que la compleja red de poder imperial lo ha estimado necesario. Un ejemplo demostrativo al respecto es el caso del magnicidio perpetrado contra el presidente John F. Kennedy, que después de casi 46 años continúa sin aclararse.

Fueron probablemente las diferencias que el presidente Kennedy manifestara respecto al incremento de la intervención de los EEUU en la guerra de Vietnam -entonces en la primera línea de la agenda del Pentágono, la CIA y el complejo militar-industrial-, entre otras causas, las que explican los motivos de su asesinato; la conspiración que acabó de esa forma con su vida, despejó automáticamente los obstáculos que desde su gobierno existían para la intervención en gran escala de los EEUU en la guerra. La versión del “asesino solitario”, oficialmente reconocida hasta hoy, sólo constituye una farsa burdamente diseñada para engañar al pueblo estadounidense, y destinada a ocultar siniestramente la conspiración fraguada en las esferas del complejo militar-industrial, la mafia, la CIA y el Pentágono. El verdadero golpe de estado resultado del magnicidio de John F. Kennedy es silenciado hasta hoy, así como sus ejecutores terroristas son celosamente protegidos… evidentemente por razones de “Seguridad Nacional”.

“Seguridad Nacional”… “Seguridad Nacional”, por todos lados y todos los tiempos; obsesión imperial cada vez más peligrosa para nuestros pueblos, incluido el estadounidense.

“No importa que los tiempos sean tiempos donde soplen vientos en contra, donde las amenazas germinen día a día, donde los ataques piratas se desaten contra nosotros y contra otros pueblos del mundo. No importa que, cada día, el imperialismo sea más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. Juntos construiremos la nueva vida”. (Ernesto Che Guevara)

Referencias:

(1)
http://www.southcom.mil/AppsSC/news.php?storyId=856
(2)
http://www.southcom.mil/AppsSC/pages/humanitarianAssistance.php
(3)
http://www.southcom.mil/AppsSC/pages/humanRights.php


(4) Ver el libro: “Asesinando la esperanza”, de William Blum.

(5)
http://www.usaid.gov/about_usaid/usaidhist.html
(6) Ver el libro: “El Apocalipsis según San George”, de Eliades Acosta Matos;

- “Cómo EEUU financia órganos de prensa de todo el mundo para comprar influencia mediática”:
http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3058

- “Cuando una respetable Fundación toma el relevo de la CIA”:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=53874
(7) “Cuba, el secreto de la era de Acuario”:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=67260

(8) “Siete puñales en el corazón de América”, Fidel Castro:

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art160.html

- “Las bases yanquis y la soberanía Latinoamericana”, Fidel Castro:

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art161.html

- “Respuesta hemisférica yanqui: la IV flota de intervención”, Fidel Castro:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66981

La gran prensa es la vanguardia del nuevo fascismo latinoamericano

La gran prensa es la vanguardia del nuevo fascismo latinoamericano

ALAI AMLATINA



El tema: la agresión brutal de una vanguardia colombo-norteamericana, en el sitio selvático de Angostura, sobre territorio ecuatoriano, al amanecer del 1 de marzo/2009.


Fueron victimados, mientras dormían, Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC colombianas y 25 acompañantes más; entre ellos, 4 estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. Quedaron vivas la estudiante mexicana Lucía Morett y dos guerrilleras colombianas, que actualmente tienen asilo político en la Nicaragua de Daniel Ortega.

Las “confusiones mediáticas”

La primera “confusión”: los grandes medios de comunicación ecuatorianos (prensa escrita, radio y televisión) dieron por cierta la versión que Álvaro Uribe le dio telefónicamente al Presidente Rafael Correa. La patrulla colombiana “había tenido” que liquidar a la columna “terrorista” (guerrillera) en un “combate” que se había iniciado sobre territorio colombiano. Cuando llegaron las primeras avanzadas del ejército ecuatoriano al “escenario de la acción de armas” se encontraron con un campamento arrasado por bombas y misiles, con 24 cadáveres destrozados (los agresores se habían llevado a Bogotá el cadáver de Reyes y el del ecuatoriano Franklin Aisalla, a quien le confundieron con el cantautor “Julián Conrado”) y tres jóvenes mal heridas que fueron rescatadas por una patrulla ecuatoriana y llevadas al hospital militar de Quito, donde se restablecieron.

Es importante recordar que, de acuerdo a los primeros informes militares y de inteligencia de Ecuador, el campamento había sido arrasado desde el aire mediante misiles que no los tiene la fuerza aérea colombiana. Luego, los atacantes, mediante helicópteros, allanaron a sangre y fuego el campamento a pesar de que los agredidos habían sido ya liquidados, a la hora del primer ataque: la una de la madrugada de ese 1 de marzo.

La segunda “confusión” estuvo a cargo del diario El Tiempo, de Bogotá, que tiene a Francisco Santos como Vicepresidente de Colombia, que tenía a otro Santos (Juan Manuel) como Ministro de la Defensa; y un tercer Santos, que iba a ser nombrado Presidente de la SIP. Cuando Correa, indignado, denunciaba la agresión colombiana en la reunión de Grupo del Río, este periódico publicó, en primera página, como gran primicia, una fotografía del Ministro Gustavo Larrea (que era Ministro de Seguridad Política de Ecuador) sentado, frente a frente, con Raúl Reyes. Lo que “demostraba” que desde el Gobierno Correa había un contubernio con las FARC para agredir a la “seguridad democrática” de Colombia.

Ese mismo día, un indignado dirigente del partido comunista argentino denunciaba que la persona que dialogaba con Reyes, en territorio colombiano, era él, que ni siquiera se parecía a Larrea; y que la foto había sido tomada hace años en suelo colombiano. El “equívoco” fue apenas desmentido e hizo mutis por las tranqueras del periódico fascista.

Tercera “confusión”: una corresponsal del diario español “País” (que compró la radio-televisión Caracol de Colombia) muy suelta de huesos, desde Bogotá, denunció que los “terroristas de las FARC se paseaban por campamentos en suelo ecuatoriano, como Pedro por su casa”. No llegó a decirlo pero insinuó que las FARC tenían en el sector fronterizo con Ecuador amplios sectores para descansar, para reponerse y para planificar nuevas agresiones contra el ejército colombiano.

Desde Ecuador, se desmintió la “información” de la desaprensiva corresponsal y se demostró que en los últimos tiempos, patrullas militares habían ocupado o desmantelado más de 190 bases transitorias que habían sido ocupadas clandestinamente por efectivos de las FARC. El Gobierno, además, denunció que ese sector limítrofe no tenía (no tiene hasta hoy) presencia militar de Colombia, por lo que se pretendía que sea Ecuador el que enfrente y aniquile a las FARC, ya que “su obligación” según el Plan Colombia, era hacer de yunque de los “terroristas”, supuestamente en retirada desde el centro colombiano. Un supuesto que no se ha dado hasta la fecha.

Cuarta AGRESIÓN. Ya no es una simple confusión sino una agresión mediática en toda la extensión de la palabra. El gobierno paramilitar colombiano comienza a producir en serie, como los culebrones televisivos que produce, una cantidad increíble de “correos electrónicos” que supuestamente han sido “bajados” de unas también supuestas y superpotentes laptos supuestamente encontradas en el ametrallado campamento de Angostura.

El Gobierno para militar de Uribe perseguía, mediante este recurso informático, “comprometer” a Chávez y Correa con las FARC y justificar de esta manera su salvaje agresión contra Ecuador y sus “acciones encubiertas” contra Venezuela. A pesar de que desde distintos escenarios del mundo entero, la producción de emails quedó en el ridículo, Colombia ha seguido utilizando este “recurso mediático” para seguir descubriendo nexos y actores supuestos y reales, que han actuado en complot con “terroristas y narcotraficantes” contra la “seguridad democrática” fascista de Uribe y Cia. A más de un año del ataque contra Angostura, la prodigiosa “inteligencia colombiana” sigue produciendo email de Reyes a la carta, según quieran comprometer o no a diversos actores de Venezuela y Ecuador, en un supuesto tinglado mediático.

La gran prensa ecuatoriana repite hasta el cansancio estas “revelaciones” sin beneficio de inventario. Y hasta recuerdan las primeras revelaciones como si fueran verdades bíblicas, que nadie debe discutirlas o ponerlas en duda..

Quinta agresión: el video del Mono Jojoy (comandante Briceño de las FARC) al que le trucaron para hacerle aparecer dando una charla a un grupo de combatientes sobre distintos temas y asegurando, sin más, que las FARC dieron un aporte en efectivo para la campaña electoral de Rafael Correa.

Fue tan burdo el trucaje que no resistió siquiera un análisis técnico medianamente serio. Con decir que el tal Mono Jojoy aparecía de bufanda y con una camiseta, en la primera parte; y en la segunda, sin bufanda y con otra camiseta (o al revés) ya quedaba evidenciado el montaje. Y, desde luego, nunca hubo respuesta para una pregunta muy sencilla: ¿se puede aceptar, sin sonrojarse, que un comandante guerrillero reúna a su tropa, en medio de la selva, para hablarle de varios temas y problemas guerrilleros, entre ellos que la guerrilla ha dado una ayuda económica a Correa cuando se sabe que esa milicia tiene que movilizarse casi permanentemente en la selva colombiana, porque si se estaciona es rápidamente detectada por aviones espías USA y bombardeada sin compasión? ¿Puede pensarse siquiera que una guerrilla que lleva tanto tiempo peleando contra un enemigo muy poderoso y armado con tecnología militar de punta, pueda tener cien mil (o 400.000) dólares para entregarlos a una campaña electoral en Ecuador, a favor de un candidato casi desconocido en Colombia?

Pero, los medios de comunicación del mundo entero, especialmente la televisión, pasaron y repasaron el video trucado y muchos periódicos, en sus comentarios, dieron por hecho que si el Mono Jojoy hacía esta revelación, pues no había nada más que discutir. El propio exministro de la defensa, Juan Manuel Santos, desde Inglaterra, dijo que “más claro no canta un gallo”. Y Lucio Gutiérrez Borbúa, el coronelito que fue depuesto por una movilización ciudadana cuando recién iniciaba la otra mitad de su mandato, proclamara que “Correa debía renunciar por vergüenza nacional” Desde luego, nadie la hizo caso.

Sexta arremetida mediática: copias de un diario que supuestamente escribió Raúl Reyes hasta pocos días antes de su asesinato. Esta vez, el Gobierno Correa tuvo que adelantarse al escándalo que se preparaba desde Colombia ya que desde la inteligencia militar de Ecuador se le hizo llegar una supuesta copia de un supuesto diario de este asesinado comandante guerrillero. Correa tuvo que entregar una copia de este tinglado a la Fiscalía General del Estado para que lo investigue.

Los diarios ecuatorianos, los canales de televisión, las estaciones de radio, se hicieron eco de esta nueva “revelación” y muchos de ellos, con absoluta mala fe y falta de elemental ética periodística, reprodujeron el mamotreto y, adelantándose a la investigación solicitada, reprodujeron como ciertos algunos párrafos relacionados con una supuesta conexión de Reyes con Correa. Solo que esta vez, se ponía en boca del asesinado comandante guerrillero, afirmaciones sobre supuestas sospechas respecto de personajes que le presionaban por más ayuda económica. Todo un culebrón al mejor estilo de los siempre creativos panfletarios colombianos.

Igual que con el video del Mono Jojoy, nadie respondía ¿cómo había sido posible que ese manuscrito se haya salvado sin siquiera quemaduras del salvaje bombardeo de Angostura?. Tampoco nadie explicó como había sido posible que un jefe guerrillero de las FARC haya tenido tiempo para tanta lucubración, para dejar constancia de sus sospechas respecto de los supuestos y reales agentes y mediadores del Gobierno Correa.

Pero, el supuesto diario de Reyes, más informes de inteligencia colombianos y ecuatorianos, han servido para demostrar algunas verdades:

- Que agentes policiales y militares ecuatorianos-colombianos seguían paso a paso a sospechosos de esta relación de dirigentes del Movimiento País con efectivos de las FARC, tan cercanos en la frontera común. Gentes y agentes que en lado ecuatoriano simpatizaban con la lucha guerrillera colombiana eran seguidos al centímetro por otros agentes o soplones al servicio del servicio de inteligencia colombo-norteamericano. Y hasta les fotografiaron.

- Que los servicios de inteligencia policiales y militares de Ecuador servían primero a sus jefes norteamericanos y colombianos. Se destapó que un secretario de la Embajada yanqui, en Quito, (que fue expulsado del Ecuador) tenía capacidad para poner el visto bueno de quien debía ser jefe de inteligencia, a cambio de una ridícula compensación monetaria, que servía para mejorar la remuneración del designado y sus subalternos.

- Quedó demostrado que el militar que era jefe de inteligencia el ejército ecuatoriano (coronel Mario Pazmiño) sabía mucho más de lo que había informado a sus superiores. Al destaparse la olla, este coronelito (que ya está separado del ejército) es presentado y representado en canales de televisión y estaciones radiales del sistema, para que hable y “descubra” los entretelones de toda esta tramoya. El coronel Pazmiño no ha explicado en cambio como fue que él, un día antes del ataque de Angostura, recomendó a los suyos que despejaran la zona de Angostura porque iba a producirse un enfrentamiento armado. Lo cual quiere decir que estaba al tanto de que Colombia se proponía agredir a Ecuador; pero, ante sus jefes ecuatorianos, guardó “prudente silencio”.

- Que toda esta tramoya, entre trágica, ridícula y, sobre todo audaz, tenía sus testaferros en periodistas o colaboradores de medios audiovisuales e impresos. Por ejemplo, hace ya un par de meses, el diario capitalino El Comercio publicó una serial sobre el tema y uno de sus “analistas estrella” (el periodista Arturo Torres), escribió, en base a informes de inteligencia ecuatorianos y colombianos, una novela titulada “El juego del camaleón” que es una manera de “denunciar” a políticos del Gobierno Correa con este supuesto nexo con las FARC, para justificar no solo la agresión de Angostura sino para explicar posibles agresiones futuras contra “terroristas” en cualquier país vecino a Colombia. “Tesis busheana” que ha sido mantenida por el propio Uribe y que fue esgrimida por su Ministro Santos: la legítima defensa, el ataque anticipado, la lucha contra el mal y otras.

De todo esto y de mucho más, queda en claro, hasta la saciedad, que hay una lucha soterrada pero sin cuartel, del imperio mayor y de los imperitos, contra toda manifestación que pretenda cambios o transformaciones sociales, económicas y políticas. Así pues, en esta tramoya, hay una evidente complicidad de los sectores más retardatarios de nuestros países, con neofascistas militares y policiales y con organismos de seguridad tipo Cia, Sip. Y, desde luego, en la vanguardia de esta lucha sin cuartel, están los grandes medios de comunicación no solo del continente sino del mundo entero. El diario El País de España es una referente indiscutible en esta tinglado.

- Alberto Maldonado es periodista ecuatoriano.


http://alainet.org/active/32299


Golpes suaves y manuales de contrainsurgencia

Golpes suaves y manuales de contrainsurgencia

Cubarte


Honduras ha puesto sobre el tapete una versión potsmoderna del desgastado manual de los golpes de estado. En América Latina, el continente con mayor cantidad de asonadas por metros cuadrados, parecía que ya se conocían todas las variantes de putsch creadas por el ingenio de las oligarquías y la creatividad de los chicos literarios de la CIA. Pero como mismo son insondables los caminos del Señor, según la Biblia, es evidente que también lo son los métodos antidemocráticos y hegemónicos del Imperio y sus peones locales.

El burdo golpe de Honduras ha equivocado su momento histórico, señal del desespero primitivo de sus perpetradores y valedores, y ha tenido lugar en tiempos de Obama, o sea, de la nueva era de convivencia y cambios democráticos que se nos prometieron, del softpower y el smartpower con el que se pretendía reconstruir un liderazgo norteamericano hundido en el cieno del bushismo neoconservador, atascado en guerras imposibles de ganar ni de perder, sin aliados confiables y sin símbolos universales que vender ;con la General Motors por el suelo y una crisis galopante que amenaza con el colapso al capitalismo global. La rebelión de un puñado de usurpadores y nostálgicos, alentados por debajo de la mesa por los mismos que odian a Obama desde las entrañas de su administración y suman este obstáculo a los que ya minan su gestión, ha revivido el esperpento de aquellas Doctrinas de Seguridad Nacional que causaron cientos de miles de muertos, torturados y desaparecidos en el continente, y que consideraban al “enemigo interno”, o sea, al pueblo, el blanco contra el que descargar todo el poder de la maquinaria bélica y represiva, generosamente aceitada con millones y armamento desde Washington.

Puede que alguien se sorprenda de la resurgencia en Honduras de estos espectros que se creían desterrados para siempre en nuestro continente, del accionar de escuadrones de la muerte, de secuestros y apaleamientos, de asesinatos a mansalva, de censura y represión brutal. Pero quien profundice notará que estos rastrojos del mal han brotado sobre un terreno abonado no solo por las fechorías y genocidios del pasado, no solo por la impunidad que ha rodeado a los asesinos, no solo porque la justicia nunca llegó en su accionar hasta la fuente primaria, hasta los ideólogos y autores intelectuales de las doctrinas que avalaban y justificaban a los represores de a pie, sino también porque si bien es cierto que tales prácticas fueron sumergidas esperando tiempos mejores, los que ahora creen llegados los fascistas hondureños y sus amos, no ocurrió lo mismo con la teoría, con esas mismas doctrinas.

Antes, en tiempos de Ronald Reagan tales doctrinas se llamaron de Seguridad Nacional. Después, en tiempos de George W. Bush, se les llamó de Contrainsurgencia. Hoy, en tiempos de Barack Obama, se siguen llamando de esta manera con el añadido de que han sido puestas en práctica en Honduras, como en otras naciones, fuera del marco de lo que un delicioso eufemismo neoconservador llamó, con su lenguaje sibilino habitual, como “guerras contra el terrorismo”.

Porque los altos jefes militares que han sacado sus tanques a las calles hondureñas, que han movilizado a sus soldados y les han hecho disparara contra su propio pueblo, que estuvieron a punto de asesinar y secuestraron al presidente constitucional, que permiten el acoso y las ejecuciones extrajudiciales contra los líderes de los movimientos sociales y sindicales del país, se han formado bajo el influjo de estos manuales de contrainsurgencia y bajo la mirada de sus asesores norteamericanos. Lo que hoy vemos por Telesur es la aplicación práctica de la filosofía de tales manuales de contrainsurgencia, que siguen vigente, inalterables, bajo la presidencia de Obama, como mismo continúa en su cargo, a pesar de las promesas de una nueva era, el mismo Secretario de Defensa de Bush.

El manual “Countreinsurgency”, de diciembre del 2006, es el que rige oficialmente la política en este campo del Ejército y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. A pesar de que presenta algunas páginas censuradas, la mayoría de sus 282 cuartillas pueden ser consultadas en Internet. Se identifica por las siglas FM 3-24 y MCWP 3-33.5, sustituye a otros manuales semejantes de 1980 y del 2004, y está firmado por los mayores generales David H. Peatreus y James F. Amos. En su Introducción reconoce que viene a llenar “la brecha doctrinal de los últimos 20 años”, por lo que ha de ser considerado lo más actual y vigente del pensamiento contrainsurgente yanqui.

Algunas de sus definiciones permiten entender mejor lo que ha ocurrido en Honduras, pues facilita entender la mentalidad de los jefes militares formados en tales doctrinas:

-“En Ejército y los Marines reconocen que cada insurgencia es contextual y presenta desafíos particulares. Usted no puede combatir de la misma manera a los partidarios de Saddam Hussein y a los extremistas islámicos, como combatió al Vietcong o los Tupamaros.

- Las insurgencias, aún en nuestros días, siguen siendo guerras dentro de un mismo pueblo. Ellas utilizan variantes de los estándares, pero coinciden en formar parte de un mismo plan revolucionario.

-Conducir operaciones de contrainsurgencia exitosas requiere de fuerzas flexibles, guiadas por jefes ágiles, bien informados y culturalmente astutos.

-La insurgencia es un movimiento organizado que busca derrocar a un gobierno constituido mediante el uso de la subversión y de conflictos armados. La contrainsurgencia son acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas para derrotar a los insurgentes. Ambas son caras de un mismo fenómeno que ha sido llamado también “guerra revolucionaria” o “guerra interna”.

-El éxito duradero de las operaciones contrainsurgentes depende de que el pueblo acepte ser gobernado por el gobierno. Para ello el gobierno deberá eliminar tantas causas de la insurgencia como sea posible. Eso incluye eliminar a los extremistas cuyas creencias sean incompatibles con el gobierno”

-La respuesta (contrainsurgente) a una guerra interna no puede ser “limpia”; muchas de las reglas vigentes favorecen a los insurgentes.

-La omnipresencia de los nuevos medios de comunicación de alcance global, afecta la conducción de las operaciones militares como nunca antes… Entrene a los soldados y marines para que consideren esa audiencia global, ellos deberán asumir que todo lo que hagan será publicado. Ayude a los reporteros a narrar su historia y ellos le ayudarán a dar una imagen militar favorable.”

Un manual, como este, que incluye a las organizaciones sociales entre las que se deberá “atender” en las operaciones de contrainsurgencia, y que se arroga el derecho de definir en un país ocupado quien es el “extremista irreconciliable con el gobierno” que se deberá eliminar; que no distingue entre terrorismo y guerras revolucionarias, entre las luchas justas y las injustas, es el terreno sobre el que florece una mentalidad como el de los gorilas hondureños.

Por eso, no bastará con someter a las leyes a los facinerosos, a los asesinos y represores, a los criminales del madrugonazo contra el pueblo hondureño, que es un madrugonazo de los neoconservadores agazapados dentro del propio gobierno de Obama contra América Latina y contra el mismo Obama. Habrá que desterrar también una mentalidad que se basa y se reproduce en las páginas de manuales semejantes.

Propiciar una refundación desde la raíz, identificando todas las ramificaciones del golpismo en América Latina y cortándolas para siempre, será una de las pocas ventajas derivadas de este golpe vergonzoso.
Son tiempos de refundación.